La fábula de la caca de perro

Dice la leyenda que un congresista iba caminando por la calle cuando pisó caca de perro. Indignado, decidió que tenía que tomar cartas en el asunto.
Propuso una ley para multar a los dueños de perros que no cumplen con recoger su excremento. Ello no es ninguna novedad. Pero para funcionar, había que tener un sistema para relacionar el excremento con el dueño del perro para poder sancionarlo.

Propuso un registro de mascotas en el que debía incluirse el ADN del animal. Si pisas caca, llevas tu zapato al laboratorio del registro para que identifiquen el ADN. Con ello, puedes identificar al dueño registrado. Le mandas su multa con la foto del zapato sucio y el examen del laboratorio.
Curiosamente, han existido propuestas en el extranjero para implementar sistemas similares. Y no parece descabellado que una idea así pueda ser propuesta por uno de nuestros congresistas. Peores leyes han propuesto y, peor aún, se han aprobado.

El costo de sacar un análisis de ADN a cada perro y de cada “incidente” de pisada de excremento es muy alto. Y el beneficio no parece significativo, sobre todo si consideramos que existen alternativas. Sistemas de multas altas y un monitoreo selectivo parecerían ser más eficaces y mucho más baratos.
Lo que inicialmente parece una buena idea suele, en muchos casos, ser muy mala. Las leyes deben darse para mejorar la vida de las personas y, para ello, es necesaria una evaluación seria de todas sus consecuencias.

En el Perú, el Reglamento del Congreso incluye, sabiamente, un requisito por el que el proponente de una ley debe presentar un análisis que identifique los beneficios de su proyecto (evitar la incomodidad de ir pisando excremento) frente a los costos (registro de ADN del perro, de sus defecaciones y del aparato de imposición de multas).

Pero nadie lo cumple. Los congresistas se limitan a decir cosas tan absurdamente vacías como “esta ley reportará grandes beneficios pues evitaremos ensuciarnos con excremento de perro y no irrogará gasto para el Estado”.

Tal oración es falsa. Primero porque nada en esa frase demuestra que el beneficio se obtendrá. Segundo, porque es falso que no haya gasto para el Estado. Toda ley sin excepción requerirá alguna actividad estatal para su cumplimiento. Siempre hay un costo para la caja fiscal. Tercero, porque debe incluirse el costo para los privados de cumplir con la ley y no solo el costo estatal.

El punto de partida de la Constitución es la libertad de la persona. Por ello, es deber del Estado justificar la creación de cualquier límite a esa libertad. Lo que deberíamos hacer es que las leyes que no tengan análisis costo-beneficio (o que tengan una cantinflada como el texto mencionado) sean, de plano, declaradas inconstitucionales.