Mercado y chamba

Cuando hacia finales de 2014 apareció la ‘Ley Pulpín’ original me pareció una buena iniciativa. Los estudiantes recién egresados o por egresar adquirían conocimiento y experiencia en una empresa a cambio de una remuneración menor a la que obtendrían en un régimen laboral regular dada su poca o nula experiencia.

El problema era que el Estado no tenía capacidad de fiscalizar, regular ni comprobar que no se abusara de la ley. Es más: mientras se discutía, los inspectores del Ministerio de Trabajo ¡estaban en huelga! La ‘Ley Pulpín’, en términos muy simples, permitía que se precarizara el poco empleo formal que existía, en especial para los trabajos que exigían menor calificación. El Estado se estaba retirando de la cancha y eso era bueno para que el mercado le diera forma legítima y real a las relaciones laborales. Ajá.

Cuando estalló la última crisis financiera, se dijo que la regulación había fallado. Sí, la codicia era mala; sí, la falta de escrúpulos y de comportamiento ético empeoró las cosas; pero la culpa era del regulador, o sea, del Estado. El argumento era y es: las compañías siempre utilizarán cualquier hueco en la legislación o herramienta a su alcance para maximizar sus utilidades, esa es su razón de ser, por encima de todo y todos está la ganancia por acción.

Sin embargo, se insiste en que, sin la intromisión del Estado, el mercado pondrá frenos a los excesos de los codiciosos, castigará a los inescrupulosos y sacará del juego a quien no cumpla con sus leyes, todo a través de la bendita competencia.

Ya vimos que no es cierto y, sin embargo, la ley Bartra era eso: legalizar que las empresas no paguen practicantes por seis meses. Pero ojo, solo a los de los institutos técnicos. Adivinen qué haría el mercado: la corrida desde institutos a universidades basura sería lógica.

¿De quiénes son esas universidades?