La economía peruana avanza por inercia. Si no hubiera sido por los vientos de la economía internacional pre y post crisis financiera de finales de los 2010 (2007-2009), el crecimiento de nuestra economía habría sido brutalmente menor. Sobre esto hay más o menos consenso: ni Toledo, ni García (tal vez él menos que todos los demás), ni Humala (quizás este un poquito más) pusieron mucha atención o esfuerzo en impulsar cambios estructurales que le permitieran al Perú crecer sostenido en actividades que fueran más allá de vender raspados de cerro en barco.
En cada gobierno se tomaron algunas medidas, pero casi siempre buscando el resultado de corto plazo para responder a los intereses coyunturales de algún grupo, gremio o sector particular (perro del hortelano); pero casi nunca se tomaron medidas pensando en cómo habría de sostenerse en el tiempo el crecimiento que nos da de comer y mantiene una relativa paz; porque cuando el hambre aprieta, Congreso y Palacio son los focos de atención del “pueblo”.
Muchos economistas y empresarios reconocen en privado que amplios sectores del país –en realidad, los poderes fácticos– aceptaron que se refuercen y amplíen los programas sociales siempre que estos funcionaran como muros de contención. Estamos llegando a un punto en el que habrá que tomar decisiones para el largo plazo o comprometer el desarrollo de cientos de miles (quizás millones) de peruanos. Y eso empieza por una reforma que incremente la base y la presión tributaria (norma 16) a la -si la venden bien- nadie ni en el Congreso ni afuera podrá oponerse.
Los resultados de empujar la inversión pública y la reforma tributaria se podrían ver en dos años, cuando Vizcarra esté por irse. Por eso, la legitimidad depende de que las clases no se paralicen, haya gasa en las postas y sigan cayendo bandas de delincuentes.