(Geraldo Caso Bizama)
(Geraldo Caso Bizama)

“El juez Concepción Carhuancho es un juez canero”, me dijo una fuente hace meses, cuando el mencionado magistrado dictó prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. En total, el juez Carhuancho ha mandado a prisión preventiva a más de una docena de involucrados con el caso Lava Jato.

Ayer por la madrugada, la dictó para José y Hernando Graña de G&M, José Castillo de ICCGSA y Fernando Camet de JJ Camet Contratistas Generales por, presuntamente, haber sobornado a Toledo.

Cuando apresaron a Humala y Heredia, la mayoría de los jurisconsultos argumentaba que se trataba de lo segundo. Entre quienes se pronunciaron a favor de la medida contra Humala y su esposa, se encontraba uno de los actuales abogados de los empresarios.

Se trata de doble estándar: si me roban a mí, los meto presos; si el que roba es algo mío, encuentro alguna explicación justificadora aunque sea absurda. Carhuancho ha hecho lo mismo en casi todos los casos: estudió los hechos y decidió sobre ellos. Nadie debería estar feliz de que alguien vaya preso sin que se le haya, siquiera, aún, formulado acusación. Nadie debería celebrar que la medida excepcional se convierta en el estándar.

Dicho esto, el congresista fujimorista Miki Torres escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy juez Concepción Carhuancho tomó una decisión muy difícil, pero acertada. Durante muchos meses la Fiscalía miró para otro lado y ello definitivamente no fue acertado. Nos guste o no, control político parlamentario da resultados”.

¿Sugiriere el congresista que la Fiscalía armó un caso contra cuatro empresas (con cruce de información, verificación de testimonios, etc.) en dos semanas solo porque la BanKada (sin los votos) la intentó presionar desde el Congreso?