Está en la agenda del Pleno del Congreso la votación de la ley que implementa mecanismos de transparencia para las ONG que reciben cooperación técnica internacional no reembolsable.
En los últimos días, este diario y otros medios han dado cuenta de presiones que se estarían ejerciendo contra congresistas de parte de algunas embajadas para que no se apruebe esta norma. Lo cual, de comprobarse, sería una injerencia en los asuntos internos del país.
Pero quien debe aclarar si estas acciones se produjeron es el canciller, convocando a los representantes de las embajadas aludidas y escuchando primero a los parlamentarios, como sugieren embajadores de carrera consultados por este diario. Por lo pronto, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Lizarzaburu (APP), ya adelantó a Perú21 que apoyará la citación del canciller y de la directora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
El pasado jueves los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Américo Gonza (Perú Libre) denunciaron que representantes de países extranjeros habían estado llamando por teléfono y realizando visitas a legisladores para recomendar que voten en contra del proyecto de ley que establece mecanismos de transparencia para las ONG sobre los fondos que reciben y el uso que les dan.
Si se verifica la denuncia, como decimos, el rechazo debería ser inmediato. Es inaceptable que representantes diplomáticos de legaciones extranjeras –se habla de una intervención directa de los embajadores de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña– se entrometan en un tema que le compete solo a los peruanos y sus autoridades.
El dictamen que se debatirá en el Congreso es el resultado consensual de seis propuestas legislativas provenientes de varias bancadas: Perú Libre, Renovación Popular, APP, Fuerza Popular y Podemos. Según Aguinaga, llegan alrededor de 500 millones de dólares de cooperación internacional no reembolsable a las ONG, y se fiscaliza solo el 5%, como han explicado los miembros de la comisión.
Como bien ha recordado el excanciller Luis Gonzales Posada, los propios países que habrían intervenido o intentan influir en la decisión del Congreso tienen legislaciones estrictas al respecto, mientras que en el Perú muchas de esas ONG ni siquiera están registradas en la APCI, con lo que el Estado es incapaz de fiscalizar las donaciones, exentas de impuestos, que reciben de fuera.
Para evitar, entonces, que algunas de esas instituciones desvíen fondos para actividades contrarias a los fines que sus propios estamentos proclaman, es imprescindible que rindan cuentas a las autoridades peruanas.
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