Pedro Castillo cumple prisión preventiva de 18 meses.
Pedro Castillo cumple prisión preventiva de 18 meses.

Si bien la coyuntura centró la discusión política en el adelanto de elecciones generales, el Congreso tiene pendiente tramitar y acelerar un tema igualmente sustantivo para la democracia peruana. Nos referimos a las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo, por graves actos de corrupción.

No debemos olvidar que el mensaje golpista de aquel infausto 7 de diciembre fue gatillado por una declaración del exasesor Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Marrufo afirmó que “personalmente” le entregó 100 mil soles al entonces presidente de la República.

Lo que vino después es de todos conocido, pero, que se sepa, todas las acusaciones siguen en pie, principalmente las de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Evidencias y testimonios hay de sobra, e incluyen de momento a dos exministros de Estado, además de otros personajes y funcionarios públicos –palaciegos mayormente– de menor rango, comprometidos en procesos similares que también involucran al exmandatario.

Sería un revés para el sistema de justicia que Castillo termine cumpliendo el plazo legal de su prisión preventiva y que los procesos por corrupción no hayan avanzado nada. Y no solo para la justicia: para la democracia sería asimismo un golpe terrible, pues demostraría, una vez más, que en el poder político de nuestro país los corruptos pueden salir impunes si no a través de componendas o sobornos, por simples negligencias burocráticas. Algo que no debería escapar a los congresistas.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe apurar trámites para que en la Comisión Permanente no se deje de lado esta carpeta en medio de las trifulcas del momento.

Es mejor actuar ahora a que se repitan luego historias de fugas ya conocidas, como la de Alejandro Toledo, que constituye una burla a la justicia, como lo fue también la del exjuez supremo Hinostroza Pariachi, quien continúa prófugo en Europa. Y esta vez la lenidad del Congreso sería vista, no sin razón, como una actitud a todas luces cómplice.

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