Exoneración sin dogma

En el país donde el Sodalicio no parece mover una ceja para traer justicia ante las acusaciones de violaciones y pedofilia, donde algunas organizaciones evangélicas están siendo investigadas por lavado de activos y donde estos movimientos manejan millones de soles de presupuesto anual –con líderes que se hacen ricos capitalizando la fe de la gente–, que el Estado las exonere del Impuesto a la Renta debería ser el resultado de un proceso bastante más riguroso.

Los beneficios tributarios se deben dar sobre la función social de las organizaciones y no por un asunto de credo. No todas las congregaciones religiosas son iguales, muchas generan aportes materiales inmensos en los sectores más necesitados. Pero considerando que el Ministerio de Justicia tiene unas 120 entidades de este tipo oficialmente registradas, parece imprescindible preguntarse si todas efectivamente cumplen su rol social.

Resulta ingenuo creer que, por ser “religiosa”, una organización es inherentemente positiva para la sociedad. Lo cierto es que varias de esas organizaciones registradas utilizan este beneficio para interferir en la formulación de políticas públicas. Tienen una red de operadores en el Congreso, quienes están ahí para defender sus intereses, así que la forma en que se ha ampliado este beneficio tributario tiene toda la pinta de ser una devolución de favores y no una necesidad colectiva.

Esta tesis toma fuerza cuando la exoneración del Impuesto a la Renta a fundaciones y asociaciones sin fines de lucro ha sido ampliada solo por un año, mientras que la exoneración a las organizaciones religiosas ha sido por dos años. Además del rótulo de “religiosas”, ¿qué diferencia a estas de las anteriores como para darle un trato bastante más especial? ¿Filiación y lealtad política? Torcida forma de legislar.