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Exceso de carcelería

“Razones tendrán los fiscales para seguir investigando, pero como bien ha señalado su abogado (...) el encausado ha acudido a cuanta citación se le hizo”.

PPK

PPK renunció a la presidencia en marzo de 2018 en medio de cuestionamientos por el indulto a Alberto Fujimori y presuntos vínculos con Odebrecht. (Foto: GEC)

PPK renunció a la presidencia en marzo de 2018 en medio de cuestionamientos por el indulto a Alberto Fujimori y presuntos vínculos con Odebrecht. (Foto: GEC)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

Resulta a todas luces exagerada la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos.

Razones tendrán los fiscales del equipo especial para seguir investigando, pero, como bien ha señalado su abogado, César Nakazaki, Kuczynski ha acudido a cuanta citación se le hizo desde que fue incluido en el proceso. No solo tiene arraigo demostrado, como ya se ha dicho, el solo tema de la edad –80 años– debería ser suficiente para considerar la alternativa del arresto domiciliario como la única posible.

Por cierto, PPK recibió esta noticia cuando aún está internado en cuidados intensivos de una clínica luego de un procedimiento de cateterismo después de una emergencia que no pudo ser atendida en su lugar de detención en la prefectura. Anoche, luego de la decisión judicial acogiendo el pedido del fiscal José Domingo Pérez, un equipo de la Policía de la Dirección de Seguridad de Penales llegó al establecimiento médico dispuesto a enmarrocar al investigado ex mandatario, lo que fue impedido por el personal médico dado el estado de su paciente.

Representantes de diversas tiendas políticas –acaso sensibilizadas por el suicidio de Alan García Pérez– condenaron de inmediato la decisión del juez Chávez Tamariz. Que fujimorismo y aprismo aprovechen las circunstancias para cargar contra la administración de justicia no es raro, pero ante la situación de Kuczynski, ayer se ha dado una unanimidad pocas veces vista en estos tiempos de enfrentamientos sin tregua.

En Brasil ocurrió que por sonadas investigaciones sobre corrupción, la clase política brasileña en su conjunto se enfrentó a jueces y fiscales que no solo propiciaron el impeachment de Dilma Rousseff (71) y la cárcel de Lula da Silva (73), sino que además procesaron a connotados miembros de todo el espectro partidario de ese país, incluido el entonces presidente Michel Temer (78). Esa demolición de la clase política brasileña solo condujo al surgimiento de una ‘cara nueva’ como la de Jair Bolsonaro. Y Sergio Moro, uno de los jueces más protagónicos de los casos de corrupción, no dudó en adherírsele como ministro de Justicia.

Lo que fiscales y jueces en el Perú deben tener presente es que para no mellar su imagen ni su trabajo con sospechas de intereses políticos, deben seguir trabajando con apego a la ley, pero también con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

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