Evitemos las muertes invisibles en esta pandemia

Por: Gisella Rojo, directora de la Sociedad Nacional de Industrias

La pandemia del COVID-19 en nuestro país ha generado un enorme desafío al sistema de salud público, no solo por la alta demanda de atención que conlleva los miles de casos, sino también por las muertes invisibles, es decir, aquellas que no se registran, pero que son causadas por la pandemia debido a que los hospitales y centros de salud no pueden atender otros requerimientos. El desafío ahora es tomar medidas para evitar que más decesos de este tipo ocurran.

Un grupo vulnerable ante la falta de atención médica son los niños y las madres gestantes: las muertes maternas se incrementaron en el Perú en casi 30% entre 2019 y 2020, con cifras al cierre de octubre del año pasado, pasando de 247 decesos a 316.

Este grave problema de salud pública es ocasionado por el cierre de los establecimientos sanitarios del primer nivel de atención, generando la baja cobertura en el monitoreo de los controles mensuales de las gestantes. Esto se ha reportado en varias regiones, especialmente en los centros más alejados; y son un problema que afecta los programas de salud preventiva en el país.

Según el último estudio del PNUD y UNICEF, “la reducción del 10% en la cobertura de los servicios esenciales de salud materno infantil por efectos de la pandemia, podría causar 28 mil muertes maternas y 168 mil neonatales en la región (América Latina y el Caribe)”.

Si bien parte de la atención al niño y la gestante se ha reiniciado a través de campañas de vacunación, no es suficiente. El Ministerio de Salud debe reabrir las atenciones en consulta externa y reactivar las estrategias y acciones comunitarias preventivas promocionales, tales como consejerías, sesiones educativas, sesiones demostrativas y visitas domiciliarias, dotando de equipos de bioseguridad al personal de salud y a las familias para prevenir más muertes maternas y neonatales, así como el incremento de la desnutrición crónica infantil y la anemia.

Para hacer frente a este problema que perjudica sobre todo a las familias de menores recursos y que viven en las zonas más alejadas, es necesario que el Estado y la empresa privada sumen esfuerzos, sobre todo cuando ya existen mecanismos para atender a la población.

Las obras por impuestos pueden apoyar las acciones comunitarias a través de iniciativas privadas; es decir, que el personal de salud de manera prioritaria se concentre en las atenciones ambulatorias tanto a gestantes, niños menores de 5 años y a todo poblador que lo requieran, y dejar a equipos cooperantes en campo o brigadas comunitarias que desarrollen las estrategias preventivas promocionales, construyendo así un equipo más sólido que vuelva a acercar a la población vulnerable a los servicios de salud. La empresa privada puede fortalecer el accionar del Estado en estos difíciles momentos.