(Foto: AFP)
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Se recurre a un arbitraje para evitar procesos judiciales largos, engorrosos y costosos. El arbitraje es una instancia a la que dos partes llegan para resolver, de manera célere y confidencial, un conflicto legal fuera del sistema de justicia.

Así fue como el Estado peruano y la constructora brasilera Odebrecht acordaron dejar en manos de árbitros profesionales la solución de distintas controversias, las que habían surgido durante la ejecución de megaobras públicas.

Ahora, años después de emitidos los fallos, se sabe que todo fue una estafa. Que los fallos, siempre a favor de Odebrecht, fueron negociados. Gracias a lo relatado por un colaborador eficaz, se conoce hoy día que en la mayoría de los procesos se jugaron acuerdos entre los árbitros, que debieron decidir de manera imparcial la solución de los desencuentros, y la constructora brasilera. Los árbitros, que en la práctica eran jueces, habrían recibido sobornos. Según el colaborador eficaz, Horacio Cánepa –quien fue uno de los 19 árbitros– también era el que coordinaba con la empresa el desembolso de las coimas.

La pista fue una cuenta hallada en la Banca Privada D’Andorra con US$1.4 millones a favor de Cánepa. En la hipótesis del fiscal Germán Juárez Atoche, ese dinero equivale a una de las coimas que Cánepa recibió para fallar en beneficio de Odebrecht y, de acuerdo al delator, también estaba destinado a distribuirse entre los demás árbitros que se dejaron corromper por los sucios dólares de la constructora.

Los resultados de esos laudos arbitrales le hicieron perder al Estado peruano US$254 millones. En diálogo con Perú21, el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia propuso que se procese a los malos árbitros por el delito de prevaricato. Un árbitro cumple una función equivalente a la que cumple un juez en el Perú. Los laudos tienen el efecto de una sentencia.

El sistema de justicia se está reorganizando, las reglas del arbitraje en el Perú deben replantearse también. En nuestro país deben existir autoridades y tribunales en los que se pueda confiar. No pueden permitirse más árbitros que se sirvan del sistema, que se enriquezcan a costa del erario nacional; que, en lugar de solucionar un desacuerdo, aprovechen para corromperse y “arreglar”.

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