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Santiago Pedraglio,Opina.21Las denuncias de corrupción contra autoridades de los gobiernos regionales parecen estar fomentando, en el gobierno y en sectores de la oposición, la idea de que sería preferible cerrar los gobiernos regionales o minimizarlos en extremo.

Esta idea unilateral y sesgada –a partir del hecho comprobado de que existen graves brotes de corrupción– no considera que los gobiernos regionales y locales, con todas sus deficiencias, se han convertido en instancias de intermediación de demandas y en espacios de negociación de conflictos.

Suprimir o reducir su papel sería borrar lo avanzado e invitar, nuevamente, a que toda protesta, malestar social o demanda ciudadana tenga un solo blanco: el Gobierno Nacional.

No debe soslayarse, tampoco, que durante los últimos meses –incluso durante el último año y medio– no han existido movimientos sociales de protesta, provenientes de las regiones, que alcancen dimensiones nacionales.

Los conflictos más agudos han estado vinculados a demandas nacionales y al Estado nacional, como la reciente huelga general de médicos y trabajadores del sector salud y de Essalud.

Pero algo más: los gobiernos regionales tienen también una función importante como promotores de la inversión, incluso en minería y el sector agroindustrial. Existe la unilateral tendencia a identificar "gobierno regional" con Gregorio Santos y con el proyecto Conga, y se olvida el importante papel que han cumplido los gobiernos regionales de Arequipa, para impulsar la nueva etapa de Cerro Verde; de Moquegua, para abrirle paso al nuevo proyecto de Southern; de Tacna, para concretar el proyecto Pucamarca de Minsur y la ampliación de Toquepala en la provincia de Jorge Basadre; de Puno, con el proyecto Corani, de la empresa canadiense Bear Creek; de Apurímac, con el proyecto Las Bambas; de Lambayeque, con Olmos; y el de Cusco y Arequipa, que impulsaron conjuntamente el proyecto Majes-Siguas II, embalsado durante 40 años.