Con la información revelada esta semana sobre las gestiones que realizó a favor de Odebrecht el congresista y expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva se confirman las oscuras sospechas que pesaban sobre el otrora gobernador de San Martín, y oportuno promotor de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, precisamente por las presuntas gestiones que habría realizado PPK en beneficio de la constructora Odebrecht.
En días recientes, la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de San Martín le ha confirmado a la Fiscalía de la Nación que apenas la constructora firmó el contrato para la ejecución de la carretera de San José de Sisa, Villanueva, personalmente, gestionó y autorizó que se le entregue un adelanto de más de 41 millones de soles por concepto de materiales e insumos.
La corrupción no es, pues, patrimonio de los partidos políticos nacionales ni de las figuras conocidas por su participación en los últimos gobiernos. Está claro que la vocación por robarle al Estado es un vicio compartido por los movimientos regionales y sus cacicazgos chauvinistas y, por qué no dudarlo, por sus imitadores en gran parte de los municipios del Perú.
El último miércoles, por ejemplo, Vladimir Cerrón, el gobernador de Junín, se entregó a la justicia y fue inmediatamente internado en el penal de Huamancaca en Huancayo. El 5 de agosto, Cerrón había sido sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel por haber cometido el delito de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando se realizó la obra de saneamiento de la ciudad de La Oroya en Yauli, Junín. Entre el 5 y el 21 de agosto, Cerrón se escondió de la Policía, en el camino fue suspendido del cargo para el que fue elegido, pero, según sus adversarios, en el gobierno regional, aprovechará para victimizarse mientras sus seguidores y los de sus aliados políticos presionan, con protestas en las calles, a la jueza de la Corte Superior de su región que debe resolver su apelación en la segunda instancia.
Así, la estrategia judicial del dueño del partido político Perú Libre, la única agrupación de izquierda radical que tiene inscripción vigente para las próximas elecciones generales, pasaría por someter la estabilidad de las ciudades de Huancayo, Jauja, La Oroya, Tarma y Satipo –las más pujantes e importantes de la sierra y la selva central del país– a disturbios y paralizaciones. Entre tanto, las negociaciones por los puestos en la lista parlamentaria de su partido en esa región abundarán, sin importar la trayectoria violenta de los beneficiarios.
La corrupción y la violencia son una en las regiones de nuestro país. El prófugo gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, y el cuestionado gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo evidencian.
En 2011 Aduviri ordenó a sus huestes sitiar la ciudad altiplánica e incendiar los locales de la Contraloría, aduanas y el gobierno regional. Desató el vandalismo usando como pretexto la oposición a una concesión minera, pero, en realidad, lo que le interesaba era proteger a los contrabandistas y mineros ilegales que depredan esa zona. Hace poco recibió una sentencia de seis años de cárcel, pero se ha escondido mientras sus seguidores presionan y amenazan a jueces y fiscales.
El caso de Cáceres Llica es similar. Aprovechando la oposición de un sector a que se desarrolle el proyecto minero Tía María, Cáceres convocó desmanes y violencia en la ciudad de Arequipa. Pretende ser un líder social, pero su verdadera motivación es salvarse del proceso judicial que enfrenta por mentir en su hoja de vida y de las investigaciones que le reabrirán por las tres violaciones sexuales de las que se le acusa.
El Perú necesita renovar, a todo nivel, su dirigencia política. Esto no da para más.
