Estimados señores del Uruguay

El Perú enfrenta una compleja lucha contra la corrupción: investigar a los políticos que recibieron dinero sucio de Odebrecht. Presidentes, autoridades y candidatos aceptaron esa plata a cambio de millonarias licitaciones que, en todos los casos fiscales, los brasileños llegaron a ejecutar; sobrevaluaron costos, hubo sobornos y nuestras arcas se vieron escandalosamente afectadas. Toledo, Humala, Villarán, Keiko, PPK y García. Todos tienen una medida restrictiva que la justicia les ha impuesto, precisamente, por ser políticos con poder e influencia.

La justicia peruana hace lo que puede. Con mucho por mejorar y con desigualdades pendientes en casos que involucran a la gente de a pie, a la corrupción de alto vuelo se le ha puesto en jaque. Estos políticos pidieron el voto ciudadano, a cambio de arreglos personales con jugosas e inmorales recompensas. En cada caso de estos políticos, sin embargo, hay más o menos evidencia de acuerdo a testimonios de colaboradores y por la información que llega de Brasil.

Se podrá decir que el fiscal Pérez y el juez Concepción son excesivamente rigurosos, pero en ningún caso que vulneran el Estado de derecho que hay en el Perú. Nunca antes, en casi 200 años de vida republicana, comparecieron quienes antes llegaron al más alto cargo de la nación. La severidad de estos dos magistrados, dentro de los márgenes legales, se explica con la fuga de Toledo, las triquiñuelas de los Humala, la obstaculización política de Keiko y, ahora, con el pedido de asilo de García; sin olvidar que el magistrado que facilitó el blindaje de algunos de estos políticos se fue a España.

Señores del Uruguay, García no es un perseguido, sino solo un investigado. Si le dan el asilo, toda posibilidad de investigar el dinero de Odebrecht en la política peruana se habrá frustrado.