“Si había necesidad de ajustes a la ley, existen mecanismos legales para proponerlos. Lamentablemente hoy en día parece que la calle manda y ya no se respeta la ley”.  (Hugo Curotto / @photo.gec)
“Si había necesidad de ajustes a la ley, existen mecanismos legales para proponerlos. Lamentablemente hoy en día parece que la calle manda y ya no se respeta la ley”. (Hugo Curotto / @photo.gec)

Hace tres semanas escribí un artículo en el que preguntaba si luego de la euforia posmarchas y cambio del gobierno habíamos ganado o perdido. Mencioné que la respuesta dependía del comportamiento del Congreso y del nuevo gobierno en los siguientes meses. No tuvimos que esperar tanto para concluir que estamos perdiendo y por goleada.

La semana pasada luego de varios días de bloqueo de carreteras y vandalismo, el Congreso derogó la ley de promoción agraria, la que había generado un gran número de empleos formales en nuestro agro. Si había necesidad de ajustes a la ley, existen mecanismos legales para proponerlos. Lamentablemente hoy en día parece que la calle manda y ya no se respeta la ley. No hay nadie preso por bloquear las carreteras o por los actos de vandalismo que se cometieron, lo que incentiva que sigan ocurriendo. Ni la prensa ni los ciudadanos exigieron al Gobierno que tome medidas para hacer cumplir la ley y desbloquee las carreteras para recuperar el libre tránsito, validándolas.

Nos estamos convirtiendo en una sociedad donde la calle manda y las instituciones están pintadas en la pared. Necesitamos respeto a la ley y al orden para promover inversiones y generar empleo, pero estamos fomentando todo lo contrario. Que existen problemas en el marco legal que regula el trabajo formal, lo sabemos desde hace años. El problema va más allá de una ley de promoción agraria que fue muy efectiva para desarrollar una industria exportadora que antes no existía y que, a pesar de las críticas, había mejorado las condiciones de trabajo en el agro, formalizado a cientos de miles de trabajadores y generado un número mayor de empleos indirectos.

El problema laboral trasciende a los trabajadores del sector agroexportador, que tienen más derechos que la mayoría de trabajadores en el país. La informalidad laboral a nivel nacional asciende al 75% y en el caso de los jóvenes, a más del 90%. Necesitamos una reforma laboral integral que facilite la contratación formal, particularmente de jóvenes y no solo en el sector agrario, y que reconozca las condiciones especiales de ciertas actividades, como la estacionalidad. El marco legal vigente que defienden los sindicatos y políticos cada vez incluye a menos trabajadores, porque los derechos laborales que exigen son muy onerosos para la mayoría de empresas en el país, condenando a la informalidad a millones de trabajadores. Sin reforma laboral no promoveremos la inversión ni la generación de empleo formal.


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