(GEC)
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Pasó junio, mes en que se celebra a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otras (LGBT+). Pero, una vez más, el cambio en el calendario no implicó superar la deuda histórica del Estado.

El Perú no brinda ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Tampoco reconoce en documentos oficiales a la ciudadanía trans. Estas omisiones afectan la vida cotidiana y ponen obstáculos adicionales a la población LGBT+ para realizarse. Cosas básicas como visitar a la pareja enferma en el hospital, hacer un trámite, acceder a un servicio, compartir bienes o seguros les son negadas.

La población LGBT+ no es una abstracción ni es ajena. De acuerdo con el último estudio de Ipsos, más de 1.7 millones de peruanos mayores de edad no se consideran heterosexuales.

Esto representa, en comparación de Alfredo Torres, un número mayor a la votación obtenida por cada partido del actual Congreso. Sin duda, hablamos de algún vecino, amigo, compañero de trabajo o familiar.

La Constitución reconoce los derechos a la igualdad y no discriminación con sus mandatos de inclusión y respeto para todos. Pero la mala política no pone en agenda los proyectos legislativos presentados. E, inexplicablemente, el Tribunal Constitucional no cumple con emitir la sentencia sobre el matrimonio igualitario civil (no religioso) de Oscar Ugarteche. Han pasado ya dos años desde la audiencia. Un caso que permitiría seguir el ejemplo de las cortes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México, por hacer referencia solo al barrio cercano.

Felizmente, hay jueces en la república que se toman los derechos en serio. Constitución en mano, y con la certeza que da la Corte IDH de estar en la línea correcta, brindan protección (no privilegios) a la ciudadanía LGBT+ en los casos que resuelven. Así, imparten justicia y un poco del esperado arcoíris.

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