Espectáculo asegurado

“La opción de, simplemente, prohibir estos eventos o clausurar locales, anunciada por algunos alcaldes, es la salida fácil. Lo que corresponde es planificar mejor la diversión pública, que es también un derecho de la ciudadanía”.
(Foto: Anthony Niño De Guzmán/El Comercio)

Lo sucedido con el concierto de Juan Luis Guerra, rebasado de espectadores en la primera fecha y cancelada su presentación en la segunda, debe ser un llamado de atención para cambiar la forma de hacer las cosas con los espectáculos públicos en el país.

El tema de fondo es la falta de espacios públicos de gran dimensión para realizar este tipo de eventos y, cómo no, la falta de un adecuado control regulatorio, que genera fraudes masivos –como el de las entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee o, en menor medida, el de Bad Bunny– y alimenta la corrupción entre las autoridades llamadas a otorgar las respectivas licencias.

Sobre lo primero, es responsabilidad de los municipios y del gobierno central desarrollar y planificar infraestructuras de localías amplias, con suficientes accesos peatonales y vehiculares para no generar caos en las calles aledañas ni poner en riesgo la integridad física de los asistentes al espectáculo.

En una ciudad con más de 10 millones de habitantes es inexplicable y hasta riesgoso que sigan organizándose espectáculos con grandes artistas, o eventos de otro tipo –gastronómicos, por ejemplo– en espacios improvisados que no reúnen las condiciones de seguridad para recibir una asistencia masiva. Porque la tragedia podría estar rondando.

En cuanto a la corrupción, hablamos de los fiscalizadores que a veces se hacen de la vista gorda y permiten el ingreso de personas más allá del aforo establecido. Pero también nos referimos a los delincuentes de siempre y los malos empresarios, que medran con la ilusión de los miles de seguidores de tal o cual artista, sea nacional o internacional.

En este caso, para evitar estafas, debe desarrollarse una mejor articulación entre las empresas promotoras y las entidades públicas que intervienen en la organización, de la mano con la Fiscalía.

La industria del ocio y el espectáculo mueve mucho dinero y se traduce en mayor recaudación de impuestos para el Estado, reactivación del sector privado que gravita alrededor de estas actividades y, si realizan en buenas condiciones, procuran buenos momentos de relax para los consumidores, con lo cual todos ganan.

La opción de, simplemente, prohibir estos eventos o clausurar locales, anunciada por algunos alcaldes, es la salida fácil. Lo que corresponde es planificar mejor la diversión pública, que es también un derecho de la ciudadanía.

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