(Foto: EFE)
(Foto: EFE)

Fue la primera promesa de Sánchez al acceder al Gobierno de España: que retiraría los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ni los problemas del independentismo, ni los del desempleo o la lucha contra la violencia de género, nada de ello parecía tema de garra. Sacar al “Caudillo de España” de la basílica de los Caídos, sí. Fueron inútiles los recursos interpuestos por los Franco. El Gobierno obtuvo, incluso, el visto bueno papal. Finalmente, en una mañana fría y soleada, 44 años después, los restos de Franco fueron exhumados y, tras sobrevolar la emblemática cruz del Valle de los Caídos, descansan al lado de los de su esposa.

Hace más de 10 años que se aprobó la ley de memoria histórica, de la que surgió el mandato algo crítico de la “despolitización” de dicho monumento. Se aprobó por mayoría en el Congreso que los restos de Franco debían salir de un lugar que, por cierto, no ordenó construir para sí mismo. A pesar del mandato legal, parecía que ningún Gobierno quería dar cumplimiento a la ley.

Lo hizo Pedro Sánchez, y calificó el hecho de histórico. Dijo que era la prueba del fin de un periodo. Está claro que el papel –también el de los discursos– aguanta todo, porque España vive su periodo democrático desde hace 40 años sin que haya importado demasiado dónde estuvieran los restos de Franco. Así que la victoria de Sánchez, inserto en plena campaña electoral, es pírrica y paupérrima.

Lo que importa es que se acate y cumpla la ley. Hacer de este imperativo, una acción especial, histórica, determinante, o supuestamente anhelada por una población que, en su mayoría, nació después de Franco, ignorando, incluso, dónde descansaban sus restos; es triste el balance, si es el que piensa legar la gestión de Sánchez.