Espacios públicos y derecho a la ciudad

El día jueves 15, el Congreso de la República aprobó la Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos, que es el resultado de un trabajo articulado con vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil. Esta ley es la fusión de dos proyectos promovidos por las entonces congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, quienes escucharon las voces ciudadanas, convocaron a mesas de trabajo y promovieron el debate para lograr, finalmente, un instrumento de defensa y para la apropiada gestión de los mismos.

Cuando ya parecía que el proyecto de ley iba a volver a fojas cero con el cambio de Congreso, el Frente Amplio decidió priorizarlo y, gracias a los congresistas Rocío Silva Santisteban e Yvan Quispe así como a la defensa del proyecto por parte del congresista Olivares, es que esta norma fue aprobada. En medio de invasiones que demuestran los reclamos por una ausente política de vivienda digna, esta norma es una gran buena noticia.

La amenaza constante a espacios públicos es de nunca acabar; si no son los cierres inconsultos de los mismos o intentos de cambios de uso, los vecinos perdemos nuestros espacios públicos frente a la angurria de intereses privados o, como bien lo dijo un exalcalde al confirmar que buscaba concesionar un parque, porque este no era productivo. ¿Qué valor tenía en mente este alcalde? Claramente no el valor ambiental, social y público pues iba a cambiarlos por un ripio de alquiler por metro cuadrado y volverlo un supermercado.

Ciudadanos organizados han hecho oír sus voces defendiendo al Parque Manhattan en Comas, el Parque Castilla en Lince o el Parque Monteverde en San Juan de Lurigancho. “Defiende el Parque Castilla” ganó una demanda constitucional para garantizar el libre uso del parque; sin embargo, les fue negado el reconocimiento del derecho a la ciudad. Felizmente, esta ley recoge este concepto y abre grandes oportunidades para la construcción colectiva de nuestras ciudades, que son, en sí mismas, un bien público.

Con esta norma las áreas verdes de uso y dominio público se vuelven intangibles y se establecen límites para su usufructo. Además, la gestión de los espacios públicos debe incluir la participación de los ciudadanos y las instituciones de la ciudad  mediante el acceso oportuno, completo y amigable a la información necesaria para lograr su conservación, protección y mantenimiento. No más secretismo ni negociados por debajo de la mesa.

Queda pendiente la reglamentación de la norma que, siguiendo su espíritu, debería ser también participativa e inclusiva. Los vecinos y vecinas seguiremos reclamando nuestra ciudad, nuestros espacios públicos porque son nuestros y lo seguirán siendo siempre.