Escazú nos vuelve más competitivos

Por Alberto de Belaúnde

Como sabemos, en los últimos 20 años la economía peruana logró avances extraordinarios, pero, a la vez, arrastró preocupantes falencias. A pesar de los años de crecimiento, la conflictividad social ha ido en aumento, en muchos casos ocasionando muertes y paralizando grandes proyectos. Hoy en día, el 67% de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo son de carácter socioambiental.

Debemos entender que la falta de una sólida institucionalidad ambiental no solo afecta nuestros ecosistemas y a las comunidades locales, sino que, además, impacta directamente en la competitividad y en el clima de inversiones del país. Daña nuestro potencial económico y mantiene al Perú alejado del verdadero desarrollo.

Por eso es que se negoció y firmó el Acuerdo de Escazú, junto a casi todos los países de América Latina. Es un tratado que establece un estándar regional de acceso a derechos fundamentales en temas ambientales. El acuerdo garantiza, con mecanismos concretos, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, y promueve la creación de espacios de participación responsable en la toma de decisiones. También impulsa políticas que aseguren el acceso real a la justicia.

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Escazú es, en el fondo, un instrumento para la prevención de conflictos socioambientales. Permite decisiones más informadas, participativas e inclusivas. Con rendición de cuentas, transparencia y buena gobernanza. Además, hace especial hincapié en la protección de los derechos humanos de quienes dedican su vida a defender los entornos ambientales. Los defensores ambientales viven constantemente amenazados por mafias que se enriquecen de la depredación natural. Tan solo este año en el Perú han sido asesinados al menos cinco.

Por todo ello, desde inicios de año venimos impulsando su ratificación en el Congreso de la República. Lamentablemente, hemos enfrentado una bien orquestada campaña en contra, basada en tergiversaciones y mentiras flagrantes.

No, el Acuerdo de Escazú no regala la Amazonía. Ni siquiera la menciona. Por el contrario, en su artículo 3 reafirma expresamente el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. Tampoco permite que cualquier persona u ONG demande al gobierno peruano ante la Corte de La Haya, pues esta solo recibe controversias entre Estados. Y la afirmación de que paralizaría la actividad económica no tiene ningún sustento. Más bien, organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) señalan que el Perú debería priorizar la ratificación del acuerdo.

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Quienes se han sumado a la campaña contra Escazú no toman en cuenta las tendencias internacionales de las grandes inversiones en recursos naturales. No comprenden que este acuerdo en realidad es beneficioso económicamente para nuestro país.

El fortalecimiento de la institucionalidad jurídica ambiental y la reducción de los conflictos sociales generará estabilidad y mayor competitividad. Esto indudablemente hará que nuestra economía cuente con un escenario idóneo para atraer inversiones serias y responsables, algo especialmente importante en el actual contexto de crisis. Escazú facilitará la recuperación económica del Perú.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tiene previsto votar pronto la ratificación del acuerdo. Rechazarlo sería un enorme error histórico y una vergüenza internacional. El Acuerdo de Escazú es un paso importante en nuestro camino hacia el desarrollo.

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