(GEC)
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La Cámara de Senadores de Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú y ahora pasará por su Cámara de Diputados. En Colombia, el mismo presidente Duque viene impulsando su ratificación con sentido de urgencia. Mientras tanto, ayer México inició el proceso para hacerlo. Con esas aprobaciones, el tratado entrará en vigor sin que ningún país haya puesto en riesgo su soberanía o el control efectivo sobre sus recursos naturales. En Perú, sin embargo, seguimos enfrascados en un debate plagado de verdades a medias y ceguera que nos están poniendo del lado equivocado de la historia.

¿Por qué el gobierno no lidera la ratificación del Acuerdo de Escazú, sobre todo luego de la muerte de tres nativos en Loreto? El ministro de Relaciones Exteriores haría bien en aclarar que con el tratado no se cede la Amazonía ni ninguna parte del territorio nacional. También que la Corte Internacional de La Haya no resolverá controversias entre privados, sino solo entre Estados y únicamente sobre la interpretación y aplicación del tratado mismo. No se está creando ninguna nueva jurisdicción. Además, los Estados solo acuden a ese fuero voluntariamente, como siempre. El Acuerdo de Escazú señala literalmente que el acceso a la justicia en asuntos ambientales, entre particulares, y entre particulares y el Estado, se da respetando la legislación nacional.

El gobierno haría bien, también, en señalar que la OECD recomienda a Perú la ratificación del Acuerdo. La OECD y el sentido común saben que el crecimiento económico sin garantizar el debido proceso para la gestión de recursos naturales es insostenible y un peligro para infinidad de comunidades y protectores del medio ambiente. Por eso, el Acuerdo de Escazú es decisivo para asegurar que el apetito por salir de la crisis económica en la que estamos sumergidos no termine devorándose el futuro y minando más nuestra precaria relación con el medio ambiente.

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