(GEC)
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En lo que podría ser una escalofriante postal que anuncia el futuro bajo un gobierno de Perú Libre, se vienen registrando sucesos que deberían preocupar a cualquier demócrata, pero sobre todo a la fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial.

Ayer, un cuestionado juez de la provincia de Acobamba, en Huancavelica, aceptó un hábeas corpus y anuló la sentencia por corrupción que pesa contra Vladimir Cerrón. Inmediatamente, preservando la institucionalidad, la decisión del juez huancavelicano de primera instancia, Alaín Salas Cornejo, fue apelada por la Procuraduría del PJ.

Esto, sin embargo, se suma a lo hecho por el jefe de las fiscalías anticorrupción en Lima, Omar Tello, lo que constituye también otro escándalo, sobre el que hasta ahora no conocemos pronunciamiento oficial de la Fiscalía de la Nación. , la semana pasada el Poder Judicial autorizó una medida de allanamiento y captura contra 37 hombres de confianza del círculo de Vladimir Cerrón. La Policía tenía lista toda la logística para intervenir, pero inexplicablemente el fiscal Tello decidió postergar el operativo para después del 6, día del sufragio por la segunda vuelta, pues la fecha señalada le pareció “inapropiada”.

Ambas decisiones en beneficio de Cerrón y su organización –que no parecen tener nada de errático o casual y sí, más bien, mucho de cálculo político– encierran una serie de legítimas interrogantes y abren otras sobre el curso de las investigaciones e incluso de la condena que recibió Vladimir Cerrón y de la que ahora se encuentra, oportunamente liberado por un juez de accionar sospechoso. Es justo en estos momentos cuando más autonomía y firmeza necesitan tener las instituciones de investigación y sanción del delito, para evitar la impunidad de quienes usufructúan el poder.

No hay nada de anecdótico aquí, pues se trata nada menos que de una presunta red criminal denominada Los Dinámicos del Centro, todos actuando en el pasado y en el presente, en el Gobierno Regional de Junín. La historia de la captura frustrada es compleja y era necesario llevar el caso con discreción, pero lo cierto es que los agentes de la Diviac ya tenían identificados a los personajes y solo estaban a la espera de la orden judicial para actuar.

La orden no llegó, fue bloqueada, el operativo se ha filtrado y desinflado, se ha perdido el factor sorpresa, y el caso ha sufrido un duro revés. Además, Cerrón ha visto anulada su sentencia. La amenaza empieza a tomar forma.