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Escalada de confrontación
El gobierno decidió esta semana subir el tono en su estrategia de confrontación con el Congreso, sin tener en cuenta el enorme perjuicio que causará este conflicto en la inmensa mayoría de peruanos que siguen sin encontrar un clima propicio que les permita superar la crisis económica en que está sumido el país.
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El gobierno decidió esta semana subir el tono en su estrategia de confrontación con el Congreso, sin tener en cuenta el enorme perjuicio que causará este conflicto en la inmensa mayoría de peruanos que siguen sin encontrar un clima propicio que les permita superar la crisis económica en que está sumido el país.
La ofensiva comenzó con el anuncio de la presentación de una ilegal cuestión de confianza para forzar un rechazo del Congreso que –al estilo Vizcarra– pueda ser considerado como una primera censura al Ejecutivo. El peldaño inicial, en buena cuenta, que les permitiría llevar a cabo su retorcido plan de cerrar el Congreso, de producirse una segunda censura.
Como han explicado con claridad los constitucionalistas, se trata de una pretensión espuria, no solo descabellada, sino absolutamente ilegal, que debe ser rechazada de plano, de acuerdo con lo establecido por la ley y el reglamento del Congreso. Amparado en ello, el presidente del Parlamento, José Williams, ha hecho bien en responder al díscolo premier Aníbal Torres señalando que “el pedido no resulta atendible en los términos planteados”. Además, el Tribunal Constitucional ya había zanjado el asunto al ratificar los límites legales que el Ejecutivo está obligado a observar en la presentación de las cuestiones de confianza.
El otro ángulo de la escalada de confrontación es lo que viene haciendo el presidente Castillo, quien, lejos de recuperar la compostura y ocuparse de resolver con seriedad los gravísimos problemas que vive la ciudadanía, se ha dedicado a azuzar a la gente en plazas y calles atacando al Parlamento, al que pretende culpar de la terrible coyuntura que atraviesa el país. Hoy mismo los adeptos oficialistas, incluidos los de la Fenatep y un sector de reservistas, han programado una movilización en la Plaza Bolívar con el fin de seguir generando zozobra. ¿El acomedido ministro del Interior, Willy Huerta, actuará con la misma fuerza, como lo hizo contra la marcha del 5 de noviembre?
¿Qué oscuro objetivo persiguen Castillo y los suyos desestabilizando nuestra democracia, intentando deslegitimar a las instituciones que la sostienen? Porque los ataques contra el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Legislativo no parecen ser nada casuales.
Esperemos nomás que los señores de la OEA estén tomando nota y así puedan evaluar bien de dónde proviene la amenaza que actualmente afronta la democracia peruana.
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