(Presidencia)
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Un grueso error habría cometido el presidente Vizcarra al amenazar a las clínicas privadas con aplicarles el Art. 7Oº de la Constitución (expropiación de la propiedad privada) cuando la Ley General de Salud ya contempla disponer de los recursos de las clínicas privadas en la lucha contra las epidemias. Así se llegó al ansiado consenso, pero con el rechazo de los empresarios por el ukase empleado.

Por un lado, el acuerdo logrado ha sido percibido por las mayorías como un éxito en la lucha contra los altos precios que cobran las clínicas privadas. Pero los medios y analistas ya desnudan el error cometido. En el delicado momento que atraviesa la lucha contra el COVID-19, el gobierno no les habría hecho caso a sus asesores en las áreas de la salud y legalidad. Pero la tardía atención al problema con las clínicas, recién en los minutos del descuento del segundo tiempo del partido, ha pasado caleta.

Por otro lado, la severa crítica sufrida por el gobierno repercute también en el ámbito de la política nacional. Ya antes de la desafortunada declaración de Vizcarra, algunos sectores de la izquierda radical (extremistas) exigían la global estatización de las clínicas privadas. Y el ukase presidencial no hizo más que favorecer a los ultraderechistas que califican al gobierno como nido de caviares, izquierdistas y hasta comunistas. Aparecieron coincidiendo los extremos enemigos del gobierno.

Hace pocos días, Roque Benavides declaró que el gobierno entraba en crisis ante el fracaso de la lucha contra el COVID-19, a lo que se suma la quejosa Carta Abierta de la Confiep al presidente Vizcarra, que quiere llevar agua para su molino. Pero la Asbanc, gran poder interno de la central empresarial, aclara que “hubiera preferido que no se enviara”. ¡Plop!