Antes del tirano Velasco, los jueces eran nombrados por los políticos. Eso generaba un PJ muy politizado, muy vasallo del Congreso y el Ejecutivo. Arribó Velasco y sus nombramientos a dedo, lo que llenó al PJ de arbitrarios “jueces revolucionarios”. Con la democracia, el Senado reconquistó los nombramientos de vocales supremos. Esto originó que con Belaunde II tuviésemos un PJ totalmente sojuzgado a un conocido político belaundista, mientras que el primer alanismo copó el PJ con “compañeros”. Llegó Fujimori, quien purgó al PJ de alanistas y constituyó un temporal Tribunal de Honor –compuesto de “notables”– para nombrar nuevos jueces y que funcionó bien. Pero pronto el PJ fue pasto del montesinismo. En el posfujimorismo se decidió que la llamada “sociedad civil” (profesionales de todo tipo) participe junto a abogados. Y ya vemos los resultados: corrupción, enfermeras nombrando a jueces y harto caviaraje.
¿Se acuerdan cuando las aduanas eran tal desastre que se tercerizaron, con tan buenos resultados por muchos años? Pues algo así nos toca ahora. Dado que no hemos hallado nunca una fórmula local para elegir limpiamente a jueces probos y eficientes, pues busquemos terceros externos, que se encarguen de entrevistar, evaluar y tomar exámenes a los candidatos a jueces, para luego nombrarles.
Esos evaluadores externos podrían ser las supervisoras internacionales (suiza SGS, francesa Bureau Veritas). O gremios prestigiosos (tipo el Colegio de Abogados de Madrid). O las mejores facultades de Derecho (se me ocurren las españolas Carlos III, Deusto, Universidad de Navarra, la UAM, etc., o la argentina UBA). A tercerizar ya: el modelo actual es insostenible. Y me pregunto si IDL-Reporteros habría sacado estos audios si el protagonista hubiera sido el juez San Martín...