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Santiago Pedraglio,Opina.21El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, declaró el pasado miércoles algo que era un secreto a voces: "Tenemos una cobertura de 20% de trabajadores que cotizan a un sistema previsional que recibe pensión a la vejez y un 80% que no lo tiene" (El Comercio, 7.5.14).

La preocupación parece muy loable –"Este es el gran desafío", afirmó–, pero deja en claro que, desde su punto de vista, la reforma del Sistema Privado de Pensiones consiste en que muchos más peruanos coticen. Y esto significa que el MEF insistirá en el proyecto que el año pasado dio lugar a un rechazo masivo: los trabajadores independientes, informales o formales, tendrán que aportar a las AFP el 10% de sus ingresos.

La razón del bajo porcentaje de aportes es que el Perú es campeón del empleo informal. De hecho, está entre los países latinoamericanos con menos empleo asalariado (41,5%), algo más que Bolivia (37,2%) y casi al nivel de Colombia (41,7%), según datos del Banco de Desarrollo de América Latina dados a conocer por El Comercio (5.5.14).

Que muy pocos peruanos participen en un sistema previsional tiene que ver directamente con la estructura del empleo y con la estructura productiva. El incremento sustancial del empleo informal se produjo durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), pero más de 20 años de modelo neoliberal, e incluso más de 10 años de crecimiento sostenido de la economía, no han podido reducir esa informalidad.

Lo más grave es que el ministro Castilla olvida que el centro de la reforma del sistema previsional no reside en sumarles ingresos a las actuales AFP, sino en impulsar una reforma que permita que los cotizantes –y, después, los jubilados– tengan un poder efectivo sobre sus fondos. Es decir, que sus fondos sean en verdad privados, que no estén virtualmente expropiados por empresas que obtienen grandes utilidades a costa del trabajo y del aporte forzado de millones de aportantes-cautivos.