Engendro parlamentario

“Los congresistas son operadores políticos, que se mueven según intereses y convicciones incompatibles con una administración de justicia imparcial y especializada”.

Congreso de la República

Diversas bancadas, tras reunirse con el primer ministro en el marco de su presentación este jueves, se refirieron al voto de hoy como un 'voto de investidura'; sin embargo, esta aseveración no sería precisa. (Foto: GEC)

Engendro parlamentario. (Foto: GEC)

Editorial Perú21
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Cuando pensábamos que este Congreso ya lo había dejado todo en la cancha, vuelve a demostrarle al país que, si se trata de castigar el sentido común y aquel de la decencia, su repertorio es tan flamboyante como el maletín de un mago.

No nos sumergiremos en meandros y alambiques conceptuales en que pretenden basar la propuesta multipartidaria de que los congresistas también puedan otorgar la gracia de la colaboración eficaz, pues ya ilustres jurisconsultos se han encargado de demoler tan ridículas ínfulas legales de los legisladores.

Pero, en verdad, de ridículas, poco, pues en el fondo, si uno presta atención, resuena una vez más la ominosa musiquita de siempre: tener carta libre para encubrir, blindar o castigar a altos funcionarios comprometidos en determinado tipo de delitos. Antes que ignorancia o atrevimiento, la idea, a la que sorprendentemente se ha plegado casi la totalidad de las bancadas, se parece bastante a una maquinación infestada de segundas intenciones, y que solo dañará nuestra democracia.

Porque a la larga, más allá de cualquier declaración de principios, es para lo que seguramente servirá la ley de ser aprobada, teniendo en cuenta, sin ir muy lejos, las legislaturas dominadas por la que en vida fue la granítica mayoría keikofujimorista –con el Apra de enano pero ruidoso bulldog– dedicada en su momento a interferir pertinazmente con el Poder Judicial, cuando este chocaba con “peces gordos” de su hueste o algún invitado a sus célebres cocteles recaudadores durante la campaña electoral.

Como explica el jurisletrado Avelino Guillén en estas mismas páginas, los congresistas son operadores políticos, que se mueven según intereses y convicciones incompatibles con una administración de justicia imparcial y especializada. Que los representantes pretendan arrogarse la atribución de manejar procesos penales a altos funcionarios, además, sería un atropello a la Constitución.

Se puede decir con propiedad, entonces, que estamos ante un nuevo –otro más– engendro parlamentario, cuyo solo planteamiento no hace más que añadir desprestigio al desprestigio.

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