Está comprobado, desde hace años y con infinidad de ejemplos, que la empresa privada gestiona de mejor manera los servicios públicos de un país. La prosperidad de las naciones es por lo general resultado de un afinado sistema de alianzas entre el Estado y el capital privado con el objetivo de lograr el máximo de eficiencia, en beneficio tanto de los ciudadanos como de los empresarios que invierten.
En el Perú, como es sabido, la administración pública arrastra taras endémicas que suelen enturbiar cualquier proyecto de inversión de gran escala, sea por razones de tramitología absurda, de incompetencia o de corrupción.
Sin ir muy lejos, en estos días, por ejemplo, se ha producido la paralización de la obra del puente que uniría Miraflores con Barranco. El municipio miraflorino culpa a un organismo del Estado y a los contratistas, pero lo cierto, muy aparte de quién tenga la razón, es que el puente corre ahora el riesgo de quedar trunco. Casi como –en el siglo pasado– quedó trunca, durante años, la construcción de las vías del tren eléctrico, que se convirtió, en la imagen más patente de un Estado ineficiente e inmoral.
Y viene el tema a propósito de Corpac. Hace unos días, Perú21 informó que en el Congreso circulan ya cuatro proyectos de ley que plantean la privatización de esta entidad, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Los problemas han seguido acumulándose y a ellos se han sumado los paros abusivos de sus sindicatos, realizados en fechas estratégicas, de gran afluencia turística. Todo esto amerita que las propuestas presentadas se analicen y eventualmente se unifiquen en un dictamen favorable.
Razones para llevar la gestión al sector privado, como se ha señalado, hay de sobra. Los pasajeros, el sector turismo y por ende el país entero saldrían ganando largamente.
El otro caso que debería seguir el mismo rumbo es el de Petroperú, que se ha convertido en el barril sin fondo que se lleva ingentes fondos del erario para subvencionar a una burocracia desproporcionada para el magro rendimiento de la empresa petrolera estatal. La marcha atrás que dio el Gobierno ante todas las recomendaciones que apuntaban hacia una gestión privada solo traerá más ruina a una empresa que ya implica, como se ha dicho, un enorme forado en el presupuesto público.
Poner Petroperú y Corpac en manos de una gestión privada convertiría el fracaso que representan en un verdadero rescate, y cómo no, en una potente señal –positiva, cómo dudarlo– para los inversionistas que tanto necesita el Perú en estos momentos.