La Comisión de Constitución aprobó el último martes el dictamen de ley que establece quiénes estarán impedidos de postular a cargos de elección popular. Una medida que ya no podía postergarse finalmente verá la luz.
Para la presidencia de la República, que es el caso que causaba mayor preocupación, tendrán prohibido presentarse las personas con sentencia condenatoria –en calidad de autoras o cómplices– por delitos graves como terrorismo, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria. En el mismo ámbito de interdicción entran asimismo los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional –como rebelión– y el tráfico ilícito de drogas.
Desde la Comisión de Constitución se explicó que el proyecto de ley establece una inhabilitación de 10 años para las personas sentenciadas por haber cometido delitos contra la democracia. Esos diez años de impedimento permanecerán después de que la persona haya cumplido su condena y haya sido declarada rehabilitada por la administración de justicia.
Este proyecto, que excluiría de los siguientes procesos electorales a personajes antidemocráticos como Antauro Humala, que asesinó a cuatro policías y proclama la violencia como lema, o a Pedro Castillo por dar un golpe de Estado, como se recuerda, ya figuraba en la agenda del Pleno, pero luego volvió a comisión para ser modificado.
Cabe esperar que el dictamen sea aprobado sin mayor dilación, pues se trata de una reforma que, en definitiva, pone luz roja a quienes atenten contra el ordenamiento jurídico del país. Es lo mínimo que puede hacer una democracia para defenderse, como hemos venido sosteniendo en este espacio.
En tiempos convulsos como los que vivimos, los extremismos suelen hacer negocio con sus discursos y propuestas inviables, antisistema, que a menudo logran captar la atención para, luego, aprovecharse del desencanto con las fórmulas políticas que sí se encuadran en los fueros constitucionales.
Sin embargo, el rechazo a la clase política vigente, en muchos sentidos entendible y hasta justificable, puede generar liderazgos tan nefastos como aquellos monstruos que, según Goya, engendraba la razón cuando se dormía.
Más allá de cubileteos y cuestionamientos coyunturales, el Congreso tiene en estos momentos la responsabilidad de ponerse a la altura de la Historia y evitar de una vez por todas la pesadilla que podría devorar el arma más valiosa que tienen los pueblos para impulsar su desarrollo y mejorar sus posibilidades de futuro: la democracia representativa.