Se lo hemos escuchado decir a muchos juristas a propósito de la necesidad de una elección impecable de sus miembros, a la altura del importante papel que cumple el Tribunal Constitucional.

A propósito de una reciente entrevista al constitucionalista Raúl Ferrero en Canal N, recordamos cómo la destitución de tres magistrados por el Congreso marcó el inicio del fin de la era fujimontesinista. Era 1996 y el Parlamento, bajo la presidencia de Víctor Joy Way, aprobó la Ley N° 26657, mejor conocida como la ley de interpretación auténtica. La norma intentaba burlar lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución y permitir a Alberto Fujimori postular en las elecciones del año 2000. Comicios que de antemano no ofrecían ninguna garantía debido al copamiento del régimen de absolutamente todas las instituciones del Estado. Salvo excepciones, una de ellas, precisamente, el TC.

Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca pagaron las consecuencias de oponerse a los deseos del fujimorismo, pero sin proponérselo hicieron historia. Su negativa y la lucha que enfrentaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de ser defenestrados, luego incluso de verse en la urgencia de buscar asilo, fue determinante en el inicio del fin del gobierno. La protesta ciudadana cobró fuerza bajo el lema: “el miedo se acabó”. Sus nombres pasarán a la historia como símbolo de la recuperación de la democracia. Esa es justamente la relevancia del tribunal que garantiza el respeto irrestricto de la Constitución y el equilibro de poderes.

De ahí la necesidad de evaluar a los candidatos, la obligatoriedad de una selección transparente que no genere dudas ni estimule más la desconfianza.

En 2001, la Corte IDH dispuso que Revoredo, Rey Terry y Aguirre Roca reasuman sus cargos.

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