Editorial Perú21
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No queda otra salida. Declarar en emergencia el Ministerio Público se hace imperioso ante la inaceptable decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien, entre gallos y medianoche, retiró a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial que investiga la corrupción del megacaso Lava Jato y que seguirán trabajando mientras la Junta de Fiscales Supremos resuelve la apelación que han presentado.

¡Hay que ver la tremenda situación a la que ha conducido Chávarry! Por ello, saludamos la decisión del presidente Martín Vizcarra de presentar el proyecto de ley para declarar en emergencia esa institución, temperamento que comparte el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien horas antes del anuncio del jefe de Estado escribió en Twitter que eran necesarias medidas urgentes y excepcionales para reorganizar el Ministerio Público y recuperar su legitimidad.

La actitud del fiscal de la Nación —quien dio como razones para sacar a los fiscales algunas que sonaban más bien a venganza y rabieta, antes que a fundamentos— ha generado el rechazo inmediato y contundente del ciudadano de a pie. En su evidente afán de proteger a alguien, ha desatado masiva indignación y enojo.

Chávarry parece no haberse dado cuenta de que en el reciente referéndum la mayoría de la población se pronunció a favor de una urgente reforma en el sistema de justicia. Ese era el fondo de la pregunta sobre la nueva Junta Nacional de Justicia que obtuvo el 86.56% de aprobación.

El sentir de los peruanos es que no podemos convivir más con la corrupción, que los que se sienten poderosos también deben ser sometidos a investigaciones y a la justicia. Que ya se acabaron los privilegios y la impunidad.

Las manifestaciones que se están produciendo en el país desde la víspera del Año Nuevo son una protesta con sello de legitimidad, la misma que acompaña la decisión del Ejecutivo para hacer frente a ese poder más bien no legítimo que se ha atornillado en el Ministerio Público, que enrarece y perjudica el camino hacia la sanción efectiva a quienes hayan delinquido, vengan de donde vengan.

Por ello, es importante el respaldo que con prontitud se dé en el Parlamento a esa propuesta, aunque ya podemos suponer quiénes se opondrán, manteniendo sus funestos blindajes. Sin embargo, por eso mismo, es oportuno que Vizcarra haya puesto de por medio una cuestión de confianza para que se apruebe la urgente y fundamental medida en la lucha contra la corrupción. En buena cuenta les ha dicho a los congresistas que ellos escogerán si prescinden de Chávarry o de sus escaños.

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