Embarrados

La sensación de muchos es que la fragilidad institucional de nuestro país es inmensa. Algo así como estar parados sobre una capa de nata fangosa que se sostiene débilmente. De hundirnos, no hay nada que nos contenga, solo seguir hundiéndonos hasta lo profundo. La decisión, razonable o no, del juez Concepción Carhuancho de ordenar prisión preventiva contra cuatro importantes ejecutivos de empresas que trabajaron con Odebrecht en la construcción de la Interoceánica es fortísima y de un impacto brutal en nuestra sociedad. Nunca antes la sociedad peruana vio a integrantes de los sectores altos tras los barrotes.

Tal vez fue excesiva la medida de una prisión preventiva de 18 meses para estos empresarios. Ellos alegan que la Fiscalía no los dejó explicar cómo trabajaron, ni los citó. Pero las consorciadas sumaron 15 millones de dólares por riesgos adicionales y Toledo recibió una coima de 20 millones por otorgar la Interoceánica a Odebrecht. Esta empresa, se supone, puso el resto del dinero. La delación del brasileño Jorge Barata tiene y tendrá el impacto de una bomba en una pecera.

La conmoción que esto ha causado le ha quitado relevancia a un hecho delincuencial de proporciones aún no calibradas. La corrupción implantada en el Ministerio de Economía y Finanzas por los hermanos Carlos y Samuel Campusano es tremebunda. Este par de personajes coimeaban y hacían ‘lobby feroz’ entre los funcionarios encargados del SNIP en el MEF. Esto sí supera lo imaginable.

Ya habíamos escuchado de gente de las regiones que, para que te pusieran en un buen puesto en la larga cola del SNIP, había que ‘colaborar’. Pero lo descubierto hace unos días por la Fiscalía es el hilo de una madeja que compromete al MEF como institución. Los hermanos Campusano hicieron de los proyectos de inversión su coto de caza, su vergel. Cuánto habrán obtenido por sus ilícitas acciones es algo que se debe determinar pronto.

Mientras tanto, los ‘consorciados’ del MEF, los que integraron una organización criminal para lotizar el SNIP siguen en sus puestos y no han sido identificados. Las autoridades del interior del país tienen pésima opinión del MEF y con razón. Un alcalde de un distrito pobre no tenía ninguna posibilidad de llegar a la mafia Campusano, los grandes proyectos sí. El MEF debe brindar la información sobre esto de manera abierta y rápida. Qué país el nuestro donde todos, de rey a paje, gritan “al ladrón, al ladrón” y resulta que son cacos avezados y profesionalizados. Mire nomás lo que pasó en Villa María del Triunfo: el hermano del alcalde lideraba una banda de extorsionadores que asolaron el distrito. Sin instituciones sólidas, el Perú no camina.