El tercer huésped

El pronunciamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cuestiona que una corte de un estado distinto al que lleva la causa de la extradición contra Alejandro Toledo atienda un recurso dilatorio, ha sido contundente. Demoledor incluso para la bien remunerada defensa –un prestigioso bufete de abogados– que el expresidente acaba de contratar en ese país.

Aunque son autónomos, los órganos de justicia estadounidenses deberían rechazar de inmediato las leguleyadas con las que el expresidente y sus abogados están intentando patear aún más lejos su regreso al país.

“Aceptar (las peticiones de los abogados) le daría a Toledo más procesos que a cualquier otro fugitivo en la historia de los Estados Unidos”, ha señalado Brian M. Boynton, representante del Gobierno norteamericano. Como se sabe, este nuevo equipo legal alega que en el Departamento de Estado no se observó el debido proceso respecto a la extradición del prófugo.

En el Perú, Toledo debe responder, para empezar, por los US$35 millones que recibió de la empresa Odebrecht, según confesión expresa de diversos ejecutivos e informantes que los fiscales especiales lograron registrar. Eso, además de lo que se le imputa a su consorte Eliane Karp y a su suegra Eva Fernenbug, por lavado de activos.

En un país tan golpeado por la corrupción de funcionarios públicos, prácticamente a todo nivel y escala económica, es esencial, imprescindible, que estos crímenes no queden sin purgar. Máxime tratándose, como en este caso, de un personaje que llegó a la presidencia de la República encarnando la esperanza de millones de peruanos en el retorno a la democracia. Esperanza que, lo sabríamos después, mancilló moral y políticamente.

En los últimos años no pasa un día sin que el periodismo independiente publique denuncias o investigaciones relacionadas con sobornos, chantajes o uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios, congresistas o autoridades elegidas por el voto popular. Es hora de que estas malhadadas prácticas dejen de ser moneda común en la administración del Estado. Toledo y su entorno familiar merecen, por ello, una sanción ejemplarizadora. El Gobierno peruano, a través de la Cancillería, debe agotar recursos para que la extradición se concrete cuanto antes. Y en la Diroes, si no lo han hecho ya, deberían comenzar los preparativos para recibir a su tercer, deslustrado huésped.