Imagine que las empresas del “Club de los Deudores”, las que presuntamente deben al Estado S/15,600, decidieran donar al Poder Judicial (PJ) automóviles para “fortalecer” el servicio de justicia en el país. Sin duda, se les acusaría de al menos haber generado un conflicto de intereses con el encargado de resolver las deudas impugnadas. Eso es precisamente lo que hizo la Sunat, la contraparte del “Club de los Deudores”, a finales de diciembre.
Lamentablemente, el “gesto” que tuvo la Sunat con la institución que es percibida como la más corrupta del país (Proética, 2017) induce a pensar que la cancha tributaria estaría desnivelada a favor del Estado, y que cualquier contribuyente tendría las de perder ante un eventual reclamo. Consideremos, además, que el nivel de “independencia” del sistema de justicia peruano se ubica en el puesto 122/144; por detrás de Zimbabue, Costa de Marfil y Yemen (WEF, 2019).
Es importante considerar que las razones por las que una empresa (pequeña o grande) o los procuradores del MEF o la Sunat llevan a juicio deudas tributarias son variadas; y que para determinar quién tiene la razón es necesario haber culminado el proceso judicial imparcial e independiente. Para ello, es fundamental que la cancha tributaria esté nivelada entre los contribuyentes (personas y empresas) y el Estado.
El PJ debería ser la institución que nos proteja en los procesos contenciosos administrativos de asuntos tributarios ante cualquier decisión ilegal y arbitraria de la Sunat. Sin embargo, si los juzgados están siendo financiados indirectamente por la propia autoridad tributaria, ¿qué podríamos esperar si el Estado decidiese pasarse de abusivo con los impuestos que nos cobra?