Se ha conocido la propuesta de un proyecto de ley para la formalización de la Minería Artesanal y Pequeña Escala (Ley MAPE) elaborada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que es encabezada a su vez por el parlamentario del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, proyecto de ley que —si es aprobado por el Legislativo—, en lugar de ayudar a la formalización abrirá una caja de Pandora con consecuencias inimaginables. Veamos.
Antes de continuar vale hacer la siguiente observación. El proyecto de Ley MAPE de Gutiérrez parte de algunos nuevos mitos que se vienen desarrollando para legitimar socialmente la apropiación de concesiones de terceros. El proyecto indica que en el país existe un “acaparamiento de concesiones” que se han convertido en “ociosas”; no obstante, sobre todo en la gran y mediana minería, decir eso es un atrevimiento que no se condice en absoluto con la realidad. Todo lo anterior es importante porque desde ese argumento nacen las principales propuestas del proyecto de ley.
Así, en el proyecto de Gutiérrez se crea una nueva figura denominada “servidumbre minera en concesiones inactivas” (léase “ociosas”) y que —a falta de un “consenso mutuo entre las partes” (sobre el contrato de explotación)— sería el Minem el que intermedie o concilie en ambos. En otras palabras, el proyecto de ley daría luz verde a la toma, apropiación o invasión de la concesión minera de un tercero por estar “inactiva u ociosa”. Surgen preguntas; ¿quién va a determinar si la concesión minera está “inactiva u ociosa”? ¿El Minem o el que estaría usurpando la concesión? ¿Y si no se “ponen de acuerdo” en el contrato de explotación? Entonces el tema se pone más peliagudo porque el Minem podría “expropiar” (léase “llegar a un consenso”) en favor del que se ha apropiado de la concesión.
El proyecto indica también que se “priorizará la servidumbre minera a favor de las comunidades campesinas e indígenas, en caso de concesiones mineras ubicadas en áreas de propiedad superficial de estas”. Importante reparar es esta cuestión porque —desde aprobada la ley— lo que habría es una explosión de comunidades campesinas e indígenas reclamando concesiones mineras e incluso tomando las de terceros. No está mal que las comunidades campesinas o indígenas se vuelvan “comunidades mineras”, lo que aquí podría pasar es que el minero informal o ilegal (en todo caso) utilice a las comunidades para reclamar concesiones de terceros como ya se pretende hacer en Apurímac. Aquí el relato se agranda con la llamada “minería ancestral”.
No. Este proyecto de ley no sirve para la verdadera formalización del mundo informal. Es un proyecto de ley que generará conflictos y desarmará los derechos de propiedad, base la ley minera. El mundo informal necesita derechos de propiedad, pero respetando esos mismos derechos de propiedad.