Alianza para el Progreso está en crisis. El partido de César Acuña está cosechando todo lo que por años ha venido sembrando en la política nacional. Convertir una agrupación política en un partido familiar con rubros diversos e intereses variopintos.
Las evidencias que han ido apareciendo sobre la existencia de servicios sexuales dentro del Congreso, al parecer auspiciados por su propia gente, han puesto al partido en una situación muy delicada. A eso se suma su cercanía al Gobierno de Dina Boluarte en una alianza que no ha sido reconocida por Acuña ni por su partido, pero que es más que evidente.
No está mal que se hagan alianzas políticas, pero cuando no son puestas sobre la mesa siempre existirá la sospecha de que se hicieron para obtener ventajas y arreglos bajo esa misma mesa.
La gran mayoría de la familia Acuña pertenece al partido o al menos mantiene una relación con alguien del mismo partido. Se trata, pues, de una agrupación con gran influencia familiar, y cada familia tiene sus propios intereses y, sobre todo, sus propios negocios.
Una familia que, además, en gran medida vive, ha hecho o aumentado su fortuna a partir del éxito del negocio educativo de César Acuña. Pero no todos se han quedado en ese rubro. Hay intereses, por ejemplo, en el negocio inmobiliario y en el de comunicaciones, solo por citar algunos.
Para que esos negocios funcionen mejor, siempre puede estar la tentación de buscar en el Estado, si no en el Gobierno de turno, que alguien facilite las cosas. Y qué mejor si se tiene poder político. Permisos en oficinas clave de ministerios importantes, como Vivienda, Transportes o Educación, o cambios en regulaciones en el Congreso, podrían terminar siendo una seducción difícil de evitar.
César Acuña parece estar pagando un precio, no solo político, muy alto.
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