El negocio antes que la función. (Foto: Congreso de la República)
El negocio antes que la función. (Foto: Congreso de la República)

Lo ocurrido con el congresista Francisco Villavicencio, que del fujimorismo se pasó hace poco más de dos meses a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), vuelve a recordarnos lo difícil que es para algunos funcionarios públicos separar sus negocios personales de la defensa de los intereses del Estado, que es para lo cual fueron elegidos por voto popular.

El conflicto de intereses es un mal casi endémico entre los políticos que acceden a algún alto cargo en la administración pública y en incontables ocasiones se trata de la puerta de entrada a malas prácticas que pronto derivan en millonarios casos de corrupción. Sin ir muy lejos, es precisamente por haber consentido que sus empresas contraten con el Estado peruano, cuando él era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, la razón por la que Pedro Pablo Kuczynski está siendo procesado y lo que precipitó su renuncia a la Presidencia de la República.

Lo del notario Villavicencio, sin embargo, parece ser algo más que “otro ladrillo en la pared”, como dice la canción, pues se trataría de una muy campante reincidencia en esta luctuosa tradición de la política peruana, pues ya antes Perú21 había informado exhaustivamente sobre los indebidos servicios que su notaría seguía dando al Estado, por los que habría cobrado, en total, montos que llegaban hasta los 160,000 soles, cuando debió cerrar ese negocio o trasladarlo totalmente a otro colega suyo al haber sido elegido como congresista de Fuerza Popular en abril de 2016.

Lo último de este personaje –que también aparece en un audio con Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, hoy preso, en el marco de la investigación sobre la mafia de Los Cuellos Blancos– es el viaje a una conferencia internacional de notarios en las Islas Canarias que se hizo pagar por el Congreso, cuando la información sobre el evento apunta a que poco o nada tiene que ver con su función parlamentaria.

Si Villavicencio no quería perderse el periplo, debió costearlo de su propio bolsillo, no recurriendo al presupuesto del Congreso, que extrañamente terminó aprobando sus viáticos. ¿Se dignará a intervenir la ahora monocorde Comisión de Ética?

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