(Foto: Archivo de GEC)
(Foto: Archivo de GEC)

Compra e intimidación de testigos. ¿Qué hay detrás de esta clase de estrategias cuando se enfrenta un proceso judicial? ¿Por qué la necesidad de caer en estas prácticas mafiosas para defenderse de una acusación de homicidio? La respuesta es obvia, pero conviene recordarla: para torcer la acción de la justicia.

Cuando ciertos acusados de delitos graves temen a la ley, recurren a la trampa. A la mentira. Porque, de salir a flote la verdad completa, solo sería en perjuicio suyo.

Hugo Bustíos era un corresponsal de la revista Caretas con un compromiso indoblegable por la verdad. Y las notas e informes que enviaba desde Ayacucho no siempre coincidían con las versiones “oficiales”, pues lejos de consultar a las oficinas de prensa de las Fuerzas de Seguridad o el gobierno de entonces, Bustíos recogía evidencia en el terreno mismo, indagando entre los propios protagonistas de la violencia que desangró al país durante esos años. No era pues un periodista grato ni para los militares apostados en la zona ni para los terroristas.

Fue justamente cuando llevaba a cabo su trabajo periodístico que, en 1988, fue emboscado y abaleado por una patrulla militar del cuartel Castropampa, en Huanta, Ayacucho, que después, según narró un testigo directo, hizo estallar una granada debajo de su cuerpo.

La bestialidad del asesinato conmovió a la opinión pública, y la dictadura fujimorista la atribuyó a Sendero Luminoso, hasta que años después –Comisión de la Verdad y Reconciliación mediante, como recordó Carlos Tapia en la última entrevista que dio a Perú21– se supo lo que realmente había sucedido, con confesión de parte incluso de oficiales del Ejército que participaron en los eventos.

En el proceso por el asesinato de Hugo Bustíos, que tiene al congresista y candidato a la Presidencia de la República Daniel Urresti como principal acusado, nuevamente se está intentando sofocar la contundencia de los testimonios sobre los hechos a base de intimidaciones y una veintena de testigos dudosos, como se ha denunciado en un reportaje de Cuarto poder. Toca entonces a los jueces ponerse fuertes e impedir que una vez más esta verdad, casi 33 años después, continúe enmascarada tras una sonrisa electoral.