El proceso de liberalización de la economía en los 90 supuso pasar de una economía dominada por el Estado y sus empresas a una en la que los privados reemplazaron la deficitaria gestión pública; coexistiendo con empresas públicas compitiendo bajo reglas de mercado.
El retiro del Estado como proveedor monopólico de servicios supuso la introducción de normas que favorecen al mercado y, como parte de esa transición, se crearon entidades que supervisaran que en ese proceso de liberalización se respetara la seguridad y estabilidad de las reglas de juego y se protegiera a los consumidores.
Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositran nacieron como consecuencia de lo anterior y estaban, originalmente, adscritas a los ministerios de sus respectivos sectores. Hoy dependen de la PCM.
Estas entidades cuentan con presupuestos enormes, planillas eternas y se han convertido en islas públicas casi intocables y, si bien en un principio, cumplieron, mediocremente, con sus roles, hoy tienen poco que mostrar. ¿Pruebas?
Dos deflagraciones con muertos y heridos que debieron ser evitados por el Osinergmin y un enorme mercado informal de gas al que no supervisa; el accidente entre un carro de bomberos y un avión por culpa de Corpac o la falta de equipos de navegación; el nulo control que se ejerce sobre Sedapal; o, la enfermiza intención del Osiptel por controlar el mercado de celulares (¿hay mercado más dinámico?) y a nosotros, los usuarios.
Cuentan que quien preside el Consejo Directivo de ese último obliga a que los funcionarios se dirijan a él bajo el rótulo de presidente. Lamentable.
La PCM ha propuesto fusionarlos en un solo ente para evitar duplicidad de funciones, que exista coherencia en la regulación, eliminar ineficiencias y falta de gestión. Como era de esperar, a estos “reinos” no les ha caído bien la noticia.
No hacen falta, ya tenemos a Indecopi.
