Uno de los grandes responsables de la tragedia política de hoy es el Jurado Nacional de Elecciones presidido por Salas Arenas.
Permitió que un partido mal hecho como Perú Libre participe en las elecciones, con una fórmula presidencial incompleta y uno de sus miembros con una clara incompatibilidad jurídica para postular, como fue el caso de Boluarte, funcionaria del Reniec, organismo que es parte del sistema electoral.
En paralelo, impidió, la inscripción de partidos serios como el APRA; imagino que, por temor a que estructuras partidarias que cuentan con personeros en todo el país hubiesen permitido evidenciar, aún más, la opacidad del último proceso electoral, reforzada con las declaraciones de Salatiel Marrufo y antes de Zamir Villaverde.
No olvidemos que, en la segunda vuelta, uno de los cuatro miembros del JNE, pese a que la Constitución exige un Pleno de cinco miembros (Art. 179), declinó del cargo, pues quería evitar que sus votos en minoría sean usados para convalidar falsas deliberaciones de Salas Arenas y del resto de miembros. Alertas ignoradas.
Hoy, el JNE nos vuelve a poner en riesgo, dándole cabida a una entidad antidemocrática como es la agrupación de Antauro, permitiendo que pueda participar de las elecciones pese a desconocer la Constitución, los derechos que ella consagra y los preceptos democráticos.
Marrufo, quien desencadenó la caída del felón y golpista Castillo, declaró cómo este, Dina y otros personajillos evitaron la revisión de cientos de actas que quizá hubiesen confirmado los resultados que las encuestas a boca de urna dieron.
Lo dicho por Marrufo y Villaverde debe ser investigado y sometido al ojo público, pues tanto la Fiscalía como el Poder Judicial gozan de muy poca credibilidad, y debemos buscar preservar un bien jurídico superior como lo es la democracia y el sistema electoral frente a la reserva de las investigaciones.
