Human Rights Watch publicó su informe sobre lo ocurrido entre el 9 y 15 de noviembre en Perú, dando cuenta de los abusos y dejando recomendaciones que deberíamos atender. José Miguel Vivanco, director para América de la organización, señaló que han “obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra”. No lo dudo, pero hay más.

Tienen documentado nueve casos de víctimas presuntamente impactadas por pedigones de plomo. “En algunos casos, la multiplicidad de heridas apunta a que los perdigones fueron disparados a corta distancia”. “Las evidencias indican de manera sólida y creíble que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos (...)”.

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Señalan que “más de 200 personas recibieron atención médica en Lima (...). De esas personas, 17 fueron hospitalizadas por al menos una semana debido a la gravedad de las lesiones, como trauma encefálico, lesiones en varios órganos causadas por perdigones y un caso de un proyectil alojado en la médula de un manifestante”. A ellos se suman “al menos 10 casos de lesiones a periodistas que daban cobertura a la protesta, presuntamente causadas por proyectiles que disparó la policía, y 13 casos de policías que golpearon a periodistas o intentaron confiscar sus equipos”. También confirman la participación del grupo Terna, inicialmente negada.

Todo esto sin contar los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado. ¿Aún queda alguna duda de que lo ocurrido fue una represión brutal e ilegal? Como señala el informe, “el uso deliberado de la fuerza letal solo es permisible cuando resulta estrictamente necesario para proteger una vida”, que no fue el caso.

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