El establishment moral

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en el penúltimo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. La lista es larga: reforma judicial, reforma política, adelanto de elecciones. Ahora se añade “la carencia de legitimidad” –imputada por el Ejecutivo– respecto al procedimiento de nombramiento de dichos magistrados. El presidente Martín Vizcarra, en su alocución de ayer, presentó la necesidad de conciliar “legalidad y legitimidad” para dicho proceso. Preocupación también del colega Eduardo Dargent, abordada en su última columna. Pero ¿qué es esa “legitimidad” y cómo se construye?

Dargent asevera que la elección de los miembros del TC es lícita aunque ilegítima. Este analista señala que en tanto el Congreso se ha ajustado a las normas, la renovación de los magistrados es legal. Empero, la baja “calidad” de los postulantes –“salvo dos excepciones” (sic), solo conocidas por el autor–, hace ilegítima a dicha elección.

De las fuentes referidas por Dargent (legal y “técnica”), en la calidad de los postulantes recae gran parte de la legitimidad, debido a la debilidad de las instituciones peruanas. Esta “calidad” es una construcción social, en la que los méritos profesionales pasan por filtros sociales, ideológicos, intelectuales, etc. En tanto constructo cultural, está indudablemente adherida a ciertos estándares morales. El propio Dargent da señas de ello, al reconocer la existencia de “calidad” en “solo dos” de los juristas postulantes. El Congreso, en cambio, cree próvidos al conjunto de candidatos.

La construcción de los cánones de “legitimidad” es influida por poderosos grupos de socialización, (de)formadores de opinión pública. Podemos identificar la escala moral que predomina en la narrativa de nuestros medios de comunicación. (Por ejemplo, el valor moral del progresismo supera al conservador; por lo mismo, el ideario del empresariado debe descartarse desde primera instancia). La publicitación de tales arquetipos socio-morales afecta igualmente a políticos, empresarios y académicos como mi colega.

Esta “legitimidad” adopta con Vizcarra una connotación populista al adherir al canon moral imperativo las “virtudes del pueblo” (innatas e incontestables). Apuntalándose en encuestas de opinión y trending topics, Vizcarra alimenta la moral descrita y debilita la legitimidad normativa vigente. La solicitud de cuestión de confianza del Ejecutivo es un claro ejemplo de ello. Insufla una moralización antagonista que contribuye a las intenciones de reforma del procedimiento de elección del TC, hoy elevadas a cuestión de Estado. Tamaña arbitrariedad acelera el colapso de nuestra institucionalidad.