No obstante que de acuerdo a algunas consultoras internacionales la demanda de varios de nuestros principales metales (incluido el cobre) continuará en aumento en 2025 y el precio del mineral rojo —para poner solo un ejemplo— bordeará los US$5 dólares la libra, para nadie es un secreto que el próximo año será complejo y difícil para las inversiones mineras en general y en particular para la minería moderna, aquella que tributa y es social y ambientalmente responsable.
Un primer problema se relaciona con la irrupción total de la minería informal o en vías de formalización y la relación cercana que tiene con la minería ilegal a través del Reinfo, ese documento laxo que permite a los ilegales camuflarse en el informal. El detalle del asunto es que hay mineros informales e ilegales que han invadido concesiones de algunas empresas de la gran minería y mediana minería al punto que es un riesgo y una amenaza directa de sus operaciones y proyectos de ampliación.
Para ser posible semejante estrategia, la minería ilegal o informal (que en este caso puntual vendría a hacer lo mismo) construye piedra a piedra un “relato” o “narrativa” que valide socialmente la apropiación de concesiones mineras. Así, vemos en los últimos días el desarrollo de una supuesta “minería ancestral” desde tiempos prehispánicos, propaganda ideológica que pretender legitimar todo lo que viene.
Otro problema es la criminalidad que ya no solo se desarrolla o ataca a la pequeña, artesanal o mediana minería. Ahora hay redes y bandas criminales que —dedicadas a la minería ilegal— lo que procuran es el control territorial allí donde están ubicados los proyectos y operaciones de la gran minería. Todo lo anterior se corrobora con lo que sucede ahora en Cotabambas, Andahuaylas y en La Libertad.
El otro problema es la abierta complacencia e infiltración en la política peruana tanto del ilegal como del minero informal. Se me dirá que son dos cosas distintas, y de alguna u otra manera es cierto, pero tanto el informal como el ilegal tienen un juego político propio en el Congreso como en la política regional o local. Muy por el contrario, los gremios mineros formales están atados por una legislación absurda.
El 2025 es, además, un año preelectoral, año en el que también se deberá revisar el Reinfo y el Ejecutivo presentará una propuesta de ley de minería artesanal y pequeña escala que, si no pasa por el cernidor de los gremios informales o en vías de formalización, no tiene ninguna viabilidad. Un gobierno débil como el de Boluarte no va a querer “pelearse” con este sector social y económico, tampoco un Congreso donde sus partidos están dedicados a calcular las decisiones políticas con ojo electoral. Es posible una ampliación del Reinfo hasta 2027 como la no aprobación de un proyecto de Ley MAPE.