Los escándalos del Congreso muestran debilidades democráticas en sus representantes y un deterioro institucional preocupante que afecta a todo el país. Este Parlamento ha sido escenario de una denuncia de violación sexual en el que el denunciado fue un legislador que seguiría en ese poder del Estado si no hubiera sido por la presión de diferentes sectores de la sociedad civil. A pesar de que primero fue blindado, finalmente Freddy Díaz Monago fue desaforado e inhabilitado.
A esto que ya es bien grave, se le suma algo inimaginable, como es una investigación fiscal por una supuesta red de explotación sexual funcionando dentro del mismo Poder Legislativo. Cuesta creer que la sociedad civil no se haya indignado lo suficiente para exigir investigar algo que parece tan turbio y siniestro.
No terminamos de asimilar esta degradación política y otra denuncia por abuso sexual recae en otro representante, el congresista de Somos Perú, Jose Jerí Oré.
En medio de estas denuncias y escándalos sexuales, la respuesta del Congreso ha sido prohibir el uso de minifaldas durante el verano. Es una respuesta absurda; sin embargo, coherente con el estereotipo machista que busca culpar a las mujeres de la violencia que sufren por cómo van vestidas. Una muestra de este nefasto pensamiento la dio el legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, quien revictimizando a la denunciante la acusó de no haberse sabido comportar. “Entonces, los dos varones han tenido que controlar a la muchacha para que no beba tanto…, la señorita ha debido controlarse un poco”, dijo.
No se puede seguir eligiendo tan mal para 2026. Urge que quien consiga un lugar en el Parlamento brinde garantías de que comprende el enfoque de género, no después, sino que en un proceso previo a elecciones visibilicemos qué personajes machistas no merecen el voto de los peruanos. No se puede ir a medias tintas con quienes contribuyen a la normalización o impunidad de violencia contra la mujer.
Vemos que el Congreso, en lugar de investigar, desvía la atención de las graves denuncias en las que está envuelto y lo hace de la manera más inverosímil y superficial, mientras la impunidad, la injusticia y la falta de ética de sus representantes deterioran la investidura y una institución llamada a ser un contrapeso del poder y baluarte de la integridad.
Según los resultados del INEI, el ranking de las instituciones no confiables está encabezado por los partidos políticos, seguidos por el Congreso de la República. Esto no es exclusivo de Perú, también ocurre en la región, y según el Latinobarómetro de 2024, la confianza en el Legislativo se mantiene en el 24%, igual que en 2023. Son niveles bien bajos. En 1997 tuvo un máximo de 38%. Uruguay, con 49%, es el país que tiene mayor nivel de confianza en su Congreso, mientras que en el Perú es el último de la región con un 7%.
Según la encuesta de Ipsos para Perú21 publicada ayer, una mayoría de 81% de la ciudadanía considera que sí existe una red de prostitución en el Parlamento, y el 92% estima que algunos legisladores forman parte de organizaciones criminales. Se merecen esa desconfianza.
El jueves, desde su cuenta de X, el Congreso publicó un mensaje bien extraño y desesperado sin que haya terminado la investigación del asesinato de su extrabajadora, caso que estaría vinculado a la investigación por la red de prostitución; el Legislativo ya concluía que ella ha sido una víctima más del sicariato que tenía como objetivo al conductor del taxi. Vergonzoso e indignante.
Siempre se puede separar a la institución de los malos individuos; sin embargo, estos últimos están destruyendo el Parlamento sin que los supuestamente honestos hagan algo. No se puede entender que se queden indiferentes o no se indignen. La decadencia de una institución tan esencial para la democracia finalmente, al permanecer al margen, también será responsabilidad de ellos.
