Más de 13 millones de los trabajadores en el Perú son informales. La tasa de informalidad laboral o, entendido de otra manera, el porcentaje de trabajadores desprotegidos, asciende a 77%. De ellos, el 93% labora en empresas que emplean 20 personas o menos. Las empresas de menor tamaño constituyen el 96.4% de todas las empresas en el Perú y el 86% de ellas opera en la informalidad. Visto de otro modo, el 83% de todas las empresas en el Perú son informales y sus trabajadores están en la más absoluta desprotección.
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La enorme informalidad laboral en nuestro país es el resultado de la enorme cantidad de empresas informales, lo que a su vez es la respuesta a un sistema formal que resulta prohibitivo para la gran mayoría de empresas.
En el Perú tenemos 46 días no laborables, entre vacaciones y feriados, días en que no se produce, pero que son igualmente pagados. Adicionalmente, están las gratificaciones, que equivalen a un sueldo adicional en julio y otro en diciembre; sobre ello, la CTS, que es la provisión de un sueldo por año trabajado. A esto se debe sumar el equivalente al 9% de sueldo bruto del trabajador que la empresa debe pagar a Essalud, y una serie de beneficios más.
Así las cosas, una empresa formal debe pagar el equivalente a 488 días de trabajo para recibir 271 días laborados efectivamente en un año. Después, tenemos a la Sunafil y un sistema laboral que lo que hace en la práctica es inhibir la voluntad de contratar trabajo formal, debido a las enormes contingencias económicas y legales que el solo hecho de dar trabajo en el Perú acarrea.
Seguidamente, tenemos el costoso, enmarañado, intransigente y —muchas veces— totalitario sistema tributario, con el que toda empresa debe convivir, pero al que solo las medianas o grandes empresas pueden rebatir o discutir, pues las pequeñas no tienen los medios económicos ni soporte legal para hacerlo.
Ser formal en el Perú es muy caro, por lo que únicamente empresas medianas o grandes podrán soportar los costos asociados a ello. La estrategia de la persecución y castigo para forzar la formalidad, claramente, no ha funcionado ni lo hará. Si tuviésemos un sistema formal, más accesible y menos costoso, la base de contribuyentes sería mucho mayor y, por lo tanto, se podría recaudar mucho más, castigando mucho menos a quienes generan la riqueza, y así fomentar la generación de empleo formal con protección.
Reformar esta realidad para incorporar en la economía formal a la vasta fuerza productiva de nuestro país es una tarea compleja. Tenemos que aprovechar las fuentes de ingresos que la ejecución de la enorme cartera de proyectos de inversión hoy paralizados generaría. La sola puesta en valor de la cartera de proyectos mineros, por ejemplo, generaría una renta en el tiempo para el Estado de más de US$100,000 millones.
Claridad de ideas, legitimidad política y voluntad de reforma están en la base de este desafío.
