Los manifestantes reaccionan después de que el Senado aprobó un proyecto de ley sobre el aborto, en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2020. (REUTERS/Flor Guzzetti).
Los manifestantes reaccionan después de que el Senado aprobó un proyecto de ley sobre el aborto, en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2020. (REUTERS/Flor Guzzetti).

Por Yoel Chlimper Celis

La despenalización del aborto en Argentina ha reanimado uno de los debates más polémicos de nuestra sociedad. Una dimensión que no se menciona con frecuencia es la económica. ¿Qué impacto tiene la penalización del aborto sobre la economía de las familias? ¿Qué relación hay entre el aborto y la desigualdad? Junto al economista Diego Rehder, y con el apoyo de Promsex, publicamos en 2013 un estudio para intentar responder estas preguntas.

Este estudio, realizado dentro del Instituto Nacional Materno Perinatal, nos permitió estimar cuatro tipos de costos al momento de abortar: los costos de la práctica en sí, los asociados a atender complicaciones posteriores, los costos de oportunidad por pérdida de trabajo y los costos por “carga de enfermedad”, una metodología sugerida por la OMS para estimar el deterioro de la salud futura.

Los resultados fueron alarmantes: en promedio, el costo total que asume una mujer para abortar en Perú asciende a 1,489 soles. Este número es coherente con la literatura existente: los costos de abortar son proporcionales a las rigideces y barreras legales. Otro estudio estimó que el 56.9% de los abortos en el Perú se producen de forma tan riesgosa y precaria como mediante “introducción de sustancias como lejía y bencina” o a través de “golpes autoinfligidos y presión estomacal por parte de la pareja”.

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Naturalmente, prácticas como las mencionadas decantan en un sobrecosto económico y psicológico tremendo para las mujeres. Según lo observado en el estudio, el 66.4% del costo se produce de manera posterior al aborto: el tratamiento de las complicaciones es costoso y casi siempre resulta en una pérdida parcial o total de la fuente de ingresos de la mujer. Tristemente, según la OMS, el aborto es la principal fuente de mortalidad materna en América Latina.

Ahora, no todas las mujeres asumen el mismo costo a la hora de abortar. Paradójicamente, son las mujeres de menores recursos las que terminan pagando más cara la ilegalidad del aborto. Por ejemplo, según lo observado, una mujer en condición de pobreza terminará desembolsando 83% más que una de ingresos altos. Los hombres, claro, no vemos afectada nuestra economía directamente. La penalización del aborto no solo atenta contra la economía y la salud de las mujeres sino que, además, tiene un efecto redistributivo inverso: cada aborto que se realiza en el Perú nos vuelve una sociedad más desigual.

Se estima que cerca de 500 mil abortos se practican al año en Perú, todos ellos de forma clandestina y precaria. La despenalización no disminuirá ese número (para eso será necesario reforzar la educación sexual y los anticonceptivos), pero sí disminuirá dramáticamente los costos y riesgos asociados.

Más allá de las estadísticas mencionadas en el estudio, hagamos el ejercicio de empatizar con esas 500 mil mujeres. ¿Cuál es la historia de cada una de ellas? ¿Cómo cambian sus vidas y las de sus familias producto de la situación en la que la ley las ha puesto? ¿Cuánto bienestar ganarían ellas y el Perú si no tuvieran que pasar por este suplicio? La decisión de abortar le compete únicamente a cada mujer pero defender la justicia social y la igualdad es una tarea de todos.

Puede ver el estudio completo aquí:

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