No se trata de un ataque contra las ONG ni de negar su existencia. Se trata de cómo las ONG pueden contribuir al desarrollo del país, especialmente en temas sociales y ambientales, desde una perspectiva de cooperación con un Estado que tiene deficiencias operativas, pero que es el responsable de fijar el rumbo de las políticas públicas. (FOTO:PERÚ21)
No se trata de un ataque contra las ONG ni de negar su existencia. Se trata de cómo las ONG pueden contribuir al desarrollo del país, especialmente en temas sociales y ambientales, desde una perspectiva de cooperación con un Estado que tiene deficiencias operativas, pero que es el responsable de fijar el rumbo de las políticas públicas. (FOTO:PERÚ21)

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) operan en diversos territorios, muchas veces influyendo en áreas sensibles y de vital importancia para el desarrollo de una nación. Es por ello que, en muchos países, las leyes y regulaciones se han establecido para asegurar que estas organizaciones operen de manera ética y con un uso adecuado de los fondos que captan de fuentes lícitas.

Estados Unidos tiene la Foreign Agents Registration Act (FARA), que exige a los lobistas trabajando en nombre de gobiernos extranjeros que se registren y reporten sus actividades y financiamiento. En el Reino Unido, las ONG deben registrarse con la Charity Commission, que monitorea y regula sus actividades. En la Unión Europea todas las ONG que reciben fondos de la UE deben revelar detalladamente cómo utilizan esos fondos. La Financial Transparency System de la UE publica información sobre los beneficiarios de los fondos gestionados directamente por la Comisión Europea. En Canadá, las ONG están reguladas por la Canada Not-for-profit Corporations Act y deben mantener registros detallados de sus actividades financieras y operativas.

Estos marcos legales y regulatorios no buscan restringir el valioso trabajo de las ONG, sino garantizar que su funcionamiento esté alineado con los principios de transparencia y rendición de cuentas, fundamentales para mantener la confianza pública y asegurar un impacto positivo en la sociedad.

En nuestro país, en algunos casos, sus intervenciones pueden tener fines políticos que podrían interferir con las decisiones y políticas de un Estado democrático. La intervención de ONG en áreas como la inversión privada y las políticas ambientales puede ser decisiva. Hemos sido testigos de cómo muchas ONG que “trabajan” en el campo se han convertido en centros de adoctrinamiento y financistas de movimientos contrarios a la inversión privada, levantando falsas banderas de supuestos daños ambientales o de violaciones de derechos humanos.

No se trata de un ataque contra las ONG ni de negar su existencia. Se trata de cómo las ONG pueden contribuir al desarrollo del país, especialmente en temas sociales y ambientales, desde una perspectiva de cooperación con un Estado que tiene deficiencias operativas, pero que es el responsable de fijar el rumbo de las políticas públicas. La única manera de que eso se logre es con transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, estaremos frente a un gran Caballo de Troya donde, bajo las banderas de moda, muchos esconden ideologías anacrónicas radicales o intereses oscuros que perjudican a nuestra nación.

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