Perú21 ha podido confirmar con fuentes del sector energético que la empresa estatal Petroperú tiene proyectado para este año solicitar al Estado un nuevo aporte de capital de 1,150 millones de dólares. Adicionalmente, requiere de una línea de crédito garantizada de 650 millones de dólares más.
Paralelamente, ha solicitado que los 750 millones de dólares que recibió de apoyo financiero en 2022, que tenía que devolver, sean ahora capitalizados. Todo, usando dinero del fisco, es decir, de todos los peruanos.
Sorprende esta disposición del Gobierno de seguir invirtiendo millones de soles en una empresa que técnicamente está quebrada (sus pasivos son mayores que sus activos) y a la cual no se le exige ninguna condición para seguirle dando más dinero, como por ejemplo reducir su enorme planilla dorada, introducir mecanismos para una mejor gobernanza, mediciones periódicas de eficiencia, etcétera.
En noviembre, durante el CADE, el premier Otárola dijo que “Petroperú cumplió un ciclo económico en el país” y que “no va a ser posible seguir financiando el déficit” que tiene la empresa. Pareciera que esas palabras se las llevó el viento porque las medidas de auxilio otra vez están en la agenda del Consejo de Ministros, llevadas nada más y nada menos que por el ministro de Energía y Minas, quien, como ya se ha recordado, es un funcionario de Petroperú que pidió licencia para aceptar la cartera que le confiaron.
Es decir, el conflicto de interés perfecto. El mismo Otárola lo comentó así en aquella oportunidad. “No vamos a permitir que la conducción de una empresa tan importante dependa de la voluntad política de un ministro, de un gabinete, o de un funcionario público”, añadió.
Si se accediera a esta nueva petición, los especialistas calculan que, en total, entre los gobiernos de Castillo y Boluarte, se estarían desembolsando 4,230 millones de dólares. En soles, más de 15,900 millones. Un despilfarro sin precedentes.
Veremos, entonces, en qué queda este nuevo salvavidas, lanzado por enésima vez a lo que ya es un cadáver, mientras los sectores salud, vivienda y transportes exigen más presupuesto a gritos. Seguir inyectando capitales a una empresa zombi bordea el contrasentido absoluto.
Un lujo que la precaria economía del país no puede seguir permitiéndose.
