Educación superior sin trafa

Es más que probable que si el Congreso no hubiera sido disuelto, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) habría tenido muy difícil continuar su labor fiscalizadora, ya que estaba –como tantas otras iniciativas contra la corrupción– en la mira de la mayoría aprofujimorista. Esta, hasta su cierre, por mucho que rebuscaba entre funcionarios, presupuestos y gastos del organismo educativo, no lograba encontrar el más mínimo asidero para tumbársela, como en otras ocasiones había hecho con ministros y funcionarios del gobierno que chocaban con los intereses agazapados detrás de tan conspicuas bancadas, que poco a poco están saliendo a la luz a través de las investigaciones de la Fiscalía.

Como se sabe, pocos componentes del legado de la dictadura fujimorista han sido tan tóxicos y perniciosos para el país como el cambio de normativa que permitió la infestación a nivel nacional de universidades e institutos educativos de medio pelo que se dedicaban a estafar a la juventud peruana, principalmente de sectores de bajos recursos, con programas académicos de paupérrima calidad, otorgando títulos que en verdad servían de poco y nada a la hora de intentar insertarse en el mercado laboral.

Con las 34 instituciones educativas –entre públicas y privadas, en Lima y en provincias– que no han logrado demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas establecidas en la Ley Universitaria, y a las que, por lo tanto, les fue denegado el licenciamiento otorgado por la Sunedu, son 165,679 los estudiantes que se verán afectados por las malas prácticas de estas casas de estudios que lucraron a voluntad a costa de ellos y sus ilusiones de profesionalizarse y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

La culpa de este desaguisado, por supuesto, no es de la Sunedu ni de los estudiantes. La primera viene cumpliendo un papel que ha resultado imprescindible para mejorar y darle credibilidad a los estándares de la educación superior en el Perú; con los segundos, los estudiantes, habrá que facilitarles alternativas de reinserción, tanto en el espectro de la educación superior como en el mercado laboral. Para su desarrollo, el Perú necesita, cada vez más, profesionales capacitados y competentes, en todos los niveles: esa es la condición básica de todo proyecto modernizador.