El Gobierno promulgó un decreto de urgencia que faculta al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a cerrar las instituciones privadas que no cumplan con condiciones básicas de calidad. Difícil no estar de acuerdo con la norma, aunque preocupa el futuro de los alumnos que se quedarán sin colegio, considerando que los colegios públicos no son una panacea.

El decreto también estableció que los colegios privados deberán devolver la cuota de ingreso a los alumnos que se retiren de manera voluntaria, según el tiempo de permanencia. Esto ha sido aplaudido por varios, pero es una medida populista que podría afectar la calidad de la infraestructura de estos colegios, muchos de los cuales no tienen fines de lucro. Estas son inversiones de largo plazo que se financian con las cuotas de admisión y donde el espacio de devolución debe ser limitado.

Si las políticas sobre las cuotas de admisión y el uso de fondos los aprueban los padres en las asambleas de asociados de los colegios y se comunican con anterioridad, no hay necesidad de injerencia estatal. La clave es tener reglas claras. El decreto atenta contra la libertad de empresa y debe revisarse si el reglamento no puede acotar sus efectos. La devolución debe estar condicionada a que el colegio cubra la vacante o a que el pago esté sujeto a cierto castigo para compensar la necesidad del colegio de financiarlo.

Es una pena que el Estado intervenga en un asunto entre privados sin consultar con ellos y no saque una norma para evitar los abusos en la educación pública, donde muchos estudian en centros paupérrimos que no serían aprobados por el Indeci si los inspeccionara con la misma rigurosidad que usa con los privados, y reciben una educación de baja calidad.

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