Educación desamparada

El Tribunal Constitucional se prestó cándidamente a la jugada de un grupo de congresistas –en representación de las tristemente célebres ‘universidades bamba’– y rechazó la demanda de inconstitucionalidad que ellos mismos interpusieron.

Una maniobra jurídicamente tortuosa que terminaría validando la norma aprobada en el Pleno del Congreso hace unos meses, que en la práctica reinstauraba un sistema fracasado y corrupto hasta la médula, como era el de la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, la abolición de cualquier organismo que pueda fiscalizar la calidad de la educación superior en nuestro país.

Así como el gobierno de Pedro Castillo nos hizo retroceder en casi todo lo logrado en las últimas décadas, intentando resucitar políticas económicas obsoletas, la contrarreforma educativa se anota un triunfo jurídico que despeñará la formación universitaria hacia ese viejo abismo de mediocridad que los estudiantes locales estaban dejando atrás.

A falta todavía de que se publique el sustento del fallo del TC, el daño que producirá la aplicación de la normativa mafiosa, promovida y debidamente aceitada por las ‘universidades bamba’, será enorme. Y, por supuesto, reabrirá las puertas a esas instituciones dizque educativas que estafaban impunemente a la juventud peruana cobrándoles por estudios superiores cuyos estándares académicos son irrisorios.

La leguleyada tenía como objetivo neutralizar las acciones de amparo interpuestas por la Sunedu para defender sus fueros de las embestidas de este lobby parlamentario. Sin embargo, según algunos analistas, el plan podría tardar en ejecutarse pues quedan aún significativos cabos sueltos en la normativa.

Como ha dicho un experto, “la misma existencia de la Sunedu proviene de una sentencia del TC que dio cuenta del pésimo estado de la educación superior en el Perú”. Una jurisprudencia que se echaría por tierra con la promulgación del malhadado artefacto legal propuesto por los congresistas afines a las ‘universidades bamba’.

Todo indica que la batalla legal no ha terminado, pero otra vez se cierne la tenebrosa sombra de la corrupción y el lucro ilícito sobre el futuro de la juventud peruana.